La Admnistración Trump sanciona a la Corte Penal Internacional tras Nobel de la Paz a una de sus exjuezas
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI, y no ve con buenos ojos que investigue o persiga judicialmente a ciudadanos estadounidenses o a sus aliados, como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado en un vídeo publicado en redes sociales que rechazan que se enjuicie a “militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional”, y ha agregado que prohibirán “las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra”. "Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos", ha dicho.
No obstante, pese a las sanciones, Rubio ha defendido que confía en "una solución diplomática".
Las medidas anunciadas por Washington implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución. Pero el Departamento del Tesoro ha aprobado al mismo tiempo varias excepciones para evitar un corte inmediato de ciertas actividades del tribunal, entre ellas una licencia general de 180 días para permitir ciertas operaciones necesarias para su funcionamiento.
Washington ha incluido a la propia CPI en su régimen de sanciones, lo que se suma a las medidas impuestas hasta ahora contra 17 personas vinculadas a la institución, entre ellas jueces y fiscales.
Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar responsables de la CPI que participaran en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
La CPI insta a tomar medidas
La CPI ha rechazado "firmemente" las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el tribunal como "institución" y advertido de que la medida supone "un ataque al Estado de derecho" que busca "perturbar" su funcionamiento e "intimidar" a quienes trabajan en la institución.
La Corte, que investiga y juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, ha advertido de que "nadie debería ser castigado por servir a la causa de la Justicia" y ha instado a los 125 países miembros a adoptar "medidas concretas" para garantizar que el tribunal pueda continuar operando.
"La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base del derecho y de las pruebas, por el bien de las innumerables víctimas de crímenes graves", ha asegurado su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, una de las funcionarias de la CPI sancionadas por Trump.