Gallardón anuncia reformas históricas para endurecer la Justicia

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado una histórica batería de reformas para endurecer la Justicia.

Durante su primera comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha anunciado endurecimientos en la Ley del Aborto y la Ley del Menor, así como la instauración del copago jurídico y la posible cadena perpetua revisable.

Asimismo, ha adelantado que los presos de ETA deberán pedir perdón y reparar el daño.

Ley del Aborto: abortar con permiso paterno

Gallardón anunciado una reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar.

El titular de Justicia ha recordado que la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

Ley del Menor: menores juzgados junto a adultos

El Gobierno también reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.

La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado "El Cuco" fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento, o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que había también un menor implicado, conocido como "El Gitanillo", condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada.

Copago judicial

Gallardón ha anunciado asimismo la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar "abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles.

"Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha anunciado el ministro de Justicia, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera.

Estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos, y este mismo control se aplicará al modelo de justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio, según anunció Ruiz-Gallardón.

¿Cadena perpetua?

En su comparecencia, Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, una especie de cadena perpetua, en la línea de la que existe en otros países Europeos.

Esta medida, ha explicado, sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.

Los presos de ETA deberán pedir perdón

Respecto a las presos de ETA, Gallardón ha manifestado que "la amnistía no cabe en nuestra Constitución" y que "mientras los indultos generales están expresamente prohibidos", los individuales están sometidos a requisitos" precisamente por su "naturaleza excepcional".

Cualquier medida, según el titular de Justicia, estará vinculada a los factores particulares de cada recluso entre ellos "la petición individualizada de perdón y el ánimo de reparación de las víctimas".

Ha añadido que cualquier medida se realizará escuchando a los afectados por los delitos cometidos por los miembros de ETA.

El ministro también se ha referido durante su intervención al Estatuto de la Víctima, dirigida a que el Estado garantice sus derechos. La reforma que el Departamento de Justicia plantea en este texto irá dirigida, según el ministro, a garantizar el derecho de las víctimas a estar informados de la tramitación del proceso que les afecte y a poder personarse en todas las fases del procedimiento, incluido el de ejecución.