La infanta Cristina aún podría ser imputada por fraude fiscal

La Audiencia Provincial de Baleares, en el auto que ha dictado para dejar sin efecto la imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos pero dejando las puertas abiertas a su posible encausamiento por presunto fraude fiscal, apunta a que tanto Iñaki Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios al 50 por ciento.

En cuanto al fraude de Nóos. el tribunal dalega en su auto que no hay "indicios vehementes" de que la mujer de Iñaki Urdangarin "conociera, se concertase ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio, Diego Torres".

En una resolución de 61 páginas, la Sala asevera que la conducta de la infanta como vocal del Instituto Nóos no merece "reproche penal" al no vislumbrar su colaboración en una trama "tendente a cometer un fraude a la Administración", en virtud de los distintos convenios de colaboración suscritos entre la entidad y las Comunidades valenciana y balear, "ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos".

Y es que, a juicio del tribunal presidido por el magistrado Diego Gómez-Reino, el hecho de que tanto la hija del rey don Juan Carlos como del secretario personal de las Infantas figuraran en un folleto ilustrativo de Nóos como miembros de su junta directiva, "carece de trascendencia penal" para deducir, por ello, que incurrió en un delito de tráfico de influencias.

Además de dejar sin efecto su citación en relación con la participación de la infanta en las actividades presuntamente delictivas del Instituto Nóos, el tribunal suspende en el auto la imputación respecto del "posible delito contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales" y la condiciona a que se aporte más información a la causa.

El auto dictado hoy, de 44 páginas, incluye además un voto particular del magistrado Juan Jiménez, quien se pronuncia a favor de la declaración como imputada de la infanta, por considerar que los indicios resultantes de la investigación pudieran constituir un supuesto de cooperación necesaria o complicidad en relación a los delitos supuestamente cometidos por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

La Sala pide al juez Castro que solicite a la Agencia Tributaria, por escrito o mediante comparecencia de los autores del informe que llevó a la imputación del delito fiscal, que aclare "las incertidumbres y dudas" que suscita, que dé audiencia a las partes y que decida si mantiene o no las imputaciones por delitos fiscal y "si por ello procede citar en calidad de imputada a la infanta".

Insta además al instructor a que requiera a la defensa de Diego Torres que aporte aquellos correos electrónicos que pretenda utilizar "en su defensa y en perjuicio de otros imputados", en un plazo determinado e improrrogable, con la advertencia de que transcurrido ese plazo no se le admitirá la entrega de más e-mails.

Una vez examinados, el juez Castro "deberá pronunciarse definitivamente sobre el archivo parcial de la investigación respecto de la infanta", en cuanto a su participación en las actividades relacionadas con el Instituto Nóos.

El juez Castro aseguraba en su auto que decidió imputar a la Infanta Cristina antes de finalizar la instrucción de esta pieza, dado que, en caso contrario, se hubiese dejado que "se perpetúe la incógnita" de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un "cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite".