Energía nuclear
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La oposición del Congreso se compromete a cerrar Garoña si gobierna

Todos los grupos salvo PP, UPyD y CiU han firmado una declaración en la que insta a que la central nuclear no se reabra.
La central nuclear de Garoña está a la espera de ser reabierta. EFE
La central nuclear de Garoña está a la espera de ser reabierta. EFE

Todos los grupos parlamentarios, salvo PP, UPyD y CiU, han firmado en el Congreso una declaración en la que se comprometen a clausurar la central nuclear de Garoña, situada en Burgos, a escasos kilómetros de Vitoria-Gasteiz, en el caso de llegar al poder en la próxima legislatura.

En opinión de estos grupos, el Gobierno español está utilizando el caso de Garoña en su agenda de alargar la vida del parque nuclear hasta los 60 años, por ello plantea que la planta burgalesa continúe operando otros 17 años.

Durante la presentación de la iniciativa, el diputado del PSOE por Burgos Luis Tudanca ha denunciado esta intención del Ejecutivo, que "rompe" con el consenso sobre el periodo máximo de vida útil de las nucleares, establecido en 40 años.

En su opinión, la paralización de la actividad de Garoña dos atrás, por decisión de su titular, Nuclenor, ha demostrado que no supone un hándicap para el suministro energético del país.

Por otro lado, Pedro María Azpiazu (PNV) ha explicado que el grupo vasco se adherirá a todas las iniciativas que promuevan el fin de la central, que desde el punto de vista del suministro eléctrico es "innecesaria".

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha opinado que el PP ha perdido el sentido común y prima intereses económicos por encima de los de la sociedad, opinión que han compartido los diputados del BNG, Rosana Pérez, y de Amaiur, Xabier Errekondo.

Garoña es la central más antigua y pequeña del país que lleva parada desde diciembre de 2012 por decisión de su propietario y que en ese momento adujo motivos económicos (nuevos impuestos sobre el combustible nuclear).

Posteriormente cambió de opinión y solicitó a Industria la renovación de la licencia de explotación por 17 años más, una petición sobre la que se tiene que pronunciar antes el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyos informes son preceptivos y vinculantes.

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