Rajoy aprueba la reforma universitaria para el próximo curso

El Consejo de Ministros español ha aprobado este vienes un real decreto por el que se modifica otro anterior de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como otro real decreto por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Con esta norma se permitirá a las universidades, a partir del curso 2015-2016, crear grados de tres años en lugar de los cuatro que, actualmente, tienen la mayoría de las carreras universitarias.

La vicepresidenta primera del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que con esta regulación se adecua el espacio español de educación y al espacio europeo.

La medida establece una horquilla que va desde los 180 a los 240 créditos ECTS, por lo que los nuevos grados podrán tener una carga lectiva situada dentro de ese margen. Aún así el decreto establece que, como mínimo, los nuevos grados deberán impartir todos los contenidos que forman parte de las competencias básicas definidas para cada uno de los itinerarios académicos.

Por otra parte, aparejada a la reforma de la regulación de los grados, el decreto modifica también la regulación de los estudios de máster, ampliando los máster oficiales a una carga lectiva de 120 créditos ECTS, equivalentes a dos años de estudios.

La medida mantiene la obligatoriedad de alcanzar un mínimo de 300 créditos ECTS (unos cinco años de estudios) entre grado y máster para poder acceder a los estudios de doctorado, de acuerdo con la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior.

No es obligatorio

La medida ha sido contestada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), profesores y estudiantes, al tiempo que el Consejo de Estado ha solicitado al Ejecutivo que paralice la reforma. Por el contrario, el Gobierno español recuerda que es una medida voluntaria y no obligatoria para las universidades.

Antes estas críticas, Educación responde que la mayoría de los países europeos conviven con grados de 3, 4 y más años de duración y máster de 1 y 2 años, mientras que España adoptó un sistema rígido de 4 años de grado y uno de máster y asegura que la propia Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas propuso una duración flexible de los grados en su informe de 2006 cuando se preparaba la adaptación a Bolonia. Educación asegura que "muy pocos países" --Chipre, Turquía, Armenia, Georgia, Grecia, Kazajstán, Rusia y Ucrania--, tienen el sistema adoptado hasta ahora por España.

El Real Decreto establece que serán las propias universidades -dentro del marco de su autonomía- las que decidan qué grados se pueden reducir a 180 créditos. De hecho, subraya que la implantación es voluntaria y puede hacerse también de forma progresiva.

Ahorro

El ministro de Educación, Cultura y Deporte español, José Ignacio Wert, ha asegurado que "si todos los grados que se pudiera pasaran a tres años, las familias ahorrarían 150 millones de euros".

En la rueda de prensa posterior a la aprobación de la norma, ha explicado que el cálculo procede de suprimir el coste "adicional" que supone el cuarto año de grado en aquellos casos en que el ministerio estima que se puede pasar a titulaciones de tres años.

Sin embargo, si hoy los másteres de un año oscilan entre 2.700 y 7.000 euros, con el nuevo decreto se tendrá que afrontar el pago de dos años, lo que supondrá entre 5.400 y 14.000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido con suficiente prestigio, ha añadido.

Protestas

Los sindicatos CC.OO. UGT, CSI-F y CSIG han convocado este viernes al mediodía concentraciones de protesta ante los rectorados de las universidades.

Según afirman los responsables sindicales en un manifiesto conjunto, la medida "pretende convertir las universidades en empresas de servicios educativos" y "generará nuevas disfunciones" en el sistema universitario al introducir posibilidades como que un mismo título tenga diferente duración y carga lectiva en dos universidades vecinas.

Además, critican que la decisión del ministerio se ha efectuado "sin evaluar los nuevos grados" (que comenzaron a implantarse en 2007 en el marco del Plan Bolonia) y "sin debate con la comunidad universitaria, sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa y sin una justificación creíble de sus propuestas".