Denuncian las trabas de Lanbide para dar la RGI a víctimas de maltrato

Varias asociaciones mujeres de Bizkaia han denunciado hoy ante la sede de Emakunde, en Vitoria-Gasteiz, su "pasividad" ante los obstáculos que pone Lanbide para la concesión de las ayudas sociales a ciertos colectivos de mujeres, principalmente a las que son víctimas de la violencia de género.

Unas 20 personas, entre ellas el portavoz de SOS Racismo en Araba, han desplegado frente a las oficinas de Emakunde una pancarta con la frase "Lanbide ampara la violencia de género". Estos colectivos han criticado que, a pesar de que Emakunde ha recibido estas denuncias, no se ha puesto en contacto con los colectivos para mantener una reunión hasta ayer, cuando en el Instituto Vasco de la Mujer tuvieron conocimiento de la protesta que se iba a llevar a cabo hoy y llamaron a los colectivos para mantener un encuentro.

Requisitos "imposibles"

Según han explicado, tener acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que gestiona Lanbide se exige, en el caso de las mujeres víctimas de la violencia de género, presentar una orden de alejamiento en vigor, algo que a veces es imposible porque esa decisión depende de un juez.

Además, cuando estas mujeres son propietarias de la vivienda que han tenido que abandonar, se les reclama para poder cobrar la Prestación Complementaria de Vivienda acreditar que están sacando un rendimiento económico de ese domicilio, como el alquiler, cuando les es materialmente imposible porque en él vive la pareja de la que han huido, ha explicado Liz Quintana, una de las portavoces de estos colectivos.

Así, estas asociaciones proponen que el requisito de la orden de alejamiento no sea determinante a la hora de acceder a la RGI y que baste con una valoración de los servicios sociales.

Trabajadoras del hogar

Asimismo, estos colectivos han denunciado la situación de las trabajadoras del hogar. Así, critican que existen ofertas de empleo doméstico que publica Lanbide para trabajar siete días a la semana sin descanso, algo que es "absolutamente ilegal", ha recordado Quintana.

Además, cuando a una trabajadora del hogar se le despide, los empleadores, para no reconocer esa circunstancia, dicen en la Seguridad Social que esa baja ha sido voluntaria.