Diputación suspende al funcionario de la Hacienda al que piden 61 años
La Diputación Foral de Bizkaia ha abierto un expediente disciplinario y ha suspendido provisionalmente de sus funciones al funcionario del departamento de Hacienda para el que la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha pedido 61 años de prisión por vender datos de contribuyentes a una trama dedicada a la obtención, intermediación, comercialización y distribución a gran escala de datos reservados de carácter personal, laboral y tributario de cientos de personas físicas y jurídicas.
También están imputados en esta causa, entre otros, un detective bilbaíno, para el que se solicitan 35 años de cárcel, y un guardia civil destinado en Álava, al que le reclaman 20 años de prisión.
En concreto, en el marco de este proceso, el Ministerio Fiscal ha pedido para un total de once acusados penas que van desde los cinco hasta los 595 años de cárcel para una red de funcionarios de Hacienda y agentes de la Guardia Civil que supuestamente se dedicaba a la venta de datos de carácter personal, laboral y tributario de cientos de personas físicas y jurídicas.
Ibone Bengoetxea, la diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, ha recordado que en 2012 se abrió una proceso de investigación a este funcionario y se cerró al no haber "evidencia de infracción alguna".
Una vez constatado que hay una apertura de juicio oral y un proceso formal en curso, la Diputación ha considerado que los hechos son los suficientemente "graves" como para abrir un expediente disciplinario y suspender en funciones a esta persona hasta que haya una decisión judicial, lo que ya ha sido comunicado al afectado.
Respecto a la seguridad y privacidad de los datos de los contribuyentes vizcaínos, Bengoetxea ha señalado que para el departamento de Hacienda y la Diputación, la garantía de privacidad de los datos y preservar la confidencialidad de los contribuyentes es "una prioridad".
Según ha indicado, el sistema "cumple los requisitos legales y tiene mecanismos para que no se produzcan conductas contrarias a esa confidencialidad de datos de los contribuyentes". "Dispone de mecanismos y controles, con independencia de que en un caso concreto se pueda producir una utilización inadecuada de los mismos, lo que da lugar a la tramitación de los correspondientes procedimientos judiciales", ha agregado.
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