Protesta en Itsasondo
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Condenados a una multa los activistas contra el TAV encerrados en una mina

Los cuatro deberán pagar una multa de 540 euros cada uno, tras llegar a un acuerdo Fiscalía y defensa. Además, se han aplicado atenuantes ya que la protesta se realizó en 2010.
18:00 - 20:00
Concentración para denunciar el juicio a cuatro activistas contra el TAV

Los cuatro activistas contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) que han sido juzgados hoy, miércoles, en San Sebastián por un delito de coacciones, por encerrarse en una antigua mina situada en Itsasondo (Gipuzkoa) con la intención de paralizar las obras de la "Y" vasca, han sido condenados a abonar una multa de 540 euros cada uno de ellos.

Según ha informado a EFE, Garbiñe Gómez, una de las abogadas de los procesados, la condena es fruto de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Gipuzkoa tras la retirada de la acusación particular que ejercía el ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS), en el que se ha aplicado a los encausados la atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos tuvieron lugar hace ocho años.

Además de las citadas multas, los inculpados deberán abonar una cantidad aún por determinar en concepto de responsabilidad civil, para satisfacer los gastos de su rescate del interior de la mina, y que se concretará en la fase de ejecución de la sentencia.

Los cuatro procesados, dos hombres y dos mujeres, fueron detenidos el 5 de julio de 2010 por agentes de montaña de la Brigada Móvil de la Ertzaintza, tras varias revisiones de la zona en la que se encontraban ocultos desarrolladas desde días atrás.

Según informó en su momento el Departamento de Seguridad, las mujeres se habían encadenado en una parte de la cueva y fueron las primeras en ser desalojadas, después de que los agentes cortaran las cadenas con las que se habían unido, mientras que los dos varones se encontraban encaramados en una repisa, en una zona de difícil acceso, en la que era necesario vadear una amplia zona inundada para acceder.

Todos fueron detenidos bajo la acusación de un presunto delito de desórdenes públicos, resistencia y desobediencia a la autoridad y trasladados a dependencias policiales, aunque antes fueron sometidos a una revisión médica en el ambulatorio de Beasain.

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