El exalumno de Gaztelueta relata los abusos sexuales de su maestro durante 2 cursos

El exalumno del colegio Gaztelueta del Opus Dei que denunció haber sufrido abusos sexuales en el centro ha relatado hoy en el juicio numerosos ataques de este tipo en el despacho del profesor acusado a lo largo de dos cursos escolares.

Esta mañana ha comenzado en la Audiencia de Bizkaia el juicio a J.M.M., exprofesor del mencionado colegio ubicado en Leioa, que está acusado de un presunto delito de abuso sexual a un escolar.

El denunciante ha asegurado que los abusos le produjeron una situación de bloqueo, que estuvo a punto de suicidarse y que sintió "vergüenza y culpa" por no haberlo contado antes.

Por su parte, J.M.M., que ha respondido a las preguntas del fiscal y de su abogado pero no a las planteadas por la acusación particular, ha rechazado las acusaciones. "Jamás he hecho eso con él ni con ningún otro alumno", ha asegurado.

La acusación particular pide una condena 10 años de prisión para el acusado y la fiscalía solicita una pena de tres años, mientras que la defensa del docente pretende su libre absolución. Los hechos ocurrieron hace alrededor de 10 años, cuando la víctima cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria y tenía entre 12 y 13 años, unos hechos que la familia puso en conocimiento del papa Francisco en 2014.

Relato de la familia

Los padres del ex alumno de Gaztelueta denunciaron en 2013 que su hijo había sufrido abusos por parte de un profesor cuando cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria.

Según relató la familia, el profesor aprovechaba las reuniones que mantenía con él en su despacho, al objeto de hacer seguimiento de su evolución escolar y personal, para someter a la víctima a diversos abusos sexuales que provocaron en el joven una afectación psicológica, evidenciada en diversos informes periciales.

Cuando la víctima cumplió la mayoría de edad acudió a la Justicia para denunciar los hechos que la fiscalía ha calificado como un "delito continuado de abuso sexual" y otro de "abuso sexual" con "prevalimiento", y pide para el docente una pena de tres años de cárcel.

El Ministerio Público también reclama una indemnización de 40.000 euros "por el tiempo que ha tardado en curar el estrés postraumático", y pide que se declare al centro escolar "responsable civil subsidiario" por lo ocurrido.