El Ararteko prepara para otoño un protocolo sobre abusos sexuales infantiles

El Ararteko tendrá listo el próximo otoño un proyecto de protocolo sobre abusos sexuales infantiles cuyo objetivo es coordinar la respuesta de las administraciones ante estos casos para prevenir, detectar, tratar a las víctimas y castigar a los abusadores y sacar a la luz estos delitos, la mayoría de los cuales están ocultos y no se denuncian.

La necesidad de impulsar este protocolo que no existe en Euskadi, cuya elaboración lidera el Ararteko ya que ninguna administración ha asumido hasta ahora esta responsabilidad, surgió en un curso de verano organizado por el defensor del pueblo vasco el pasado año y su fin es articular mecanismos de coordinación en los ámbitos de la sanidad, educación, justicia y servicios sociales para atajar esta problemática.

Así lo ha anunciado el ararteko, Manuel Lezertua, durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Vitoria-Gasteiz para exponer algunos datos del informe anual de esta institución correspondiente a 2018 que ha entregado a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.

Lezertua ha reconocido que el número de casos de abusos sexuales a niños que se denuncian "es bajísimo" por lo que se hace difícil perseguir este delito y ha destacado la importancia de detectar los síntomas.

La responsable de la Oficina de la Infancia y Adolescencia del Ararteko, Elena Ayarza, ha señalado que, según varios estudios, uno de cada cinco niños y niñas son víctimas de abuso sexual y aunque casi todos los casos que se conocen se producen fuera del entorno familiar los informes indican que el mayor porcentaje y el que está más oculto se produce en este ámbito.

Informe del Ararteko

Respecto al informe de 2018, el Ararteko llevó a cabo 14.549 actuaciones, un 8 % más que el año precedente, de las cuales 9.205 correspondieron a quejas y consultas y 61 a expedientes de oficio.

Se resolvieron 1.658 expedientes de queja y se dictaron 1.113 resoluciones. Las administraciones afectadas corrigieron y modificaron la actuación que originó la reclamación en el 84 % de los supuestos.

Lezertua ha explicado que disminuyeron las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social al tramitarse 713 frente a las 829 de 2017 y una gran mayoría de ellas estuvieron relacionadas con problemas con el funcionamiento de Lanbide y sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Algunas de estas quejas, ha señalado, se repiten anualmente pese a que el ararteko ha emplazado al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales que dirige Beatriz Artolazabal a que revise los casos.

Como ejemplo se ha referido a las exigencias que requiere Lanbide a extranjeros que quieren acceder a la RGI como presentar certificados de sus países que especifiquen que no tienen propiedades, algo que es prácticamente imposible conseguir".

También Lezertua ha mencionado las quejas de varios ciudadanos a los que se les retira la RGI cuando viajan ocasionalmente a sus países principalmente para ver a sus familiares, algo que "no existe en la ley y se está aplicando".

Otras áreas que absorben la mayoría de las quejas se centran en los ámbitos de la educación, sanidad, vivienda y bienes y servicios de las administraciones y más del 55 % de los expedientes tienen relación con los derechos sociales.

Muchas de ellas, ha señalado, se refieren a políticas públicas para garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas que afectan a mujeres, personas mayores, niños, discapacitados, colectivo LGTBI, inmigrantes y vecinos de etnia gitana, entre otros.

El Gobierno Vasco fue la administración contra la que más reclamaciones escritas se dirigieron, algo más del 60 %, mientras que las que correspondieron a los ayuntamientos fueron un 27 %.

El número de expedientes de queja en los que están implicados niños y adolescentes fue de 729, un 28 % del total de las presentadas.

También Lezertua ha valorado el grado de satisfacción de quienes acuden al Ararteko ya que el 76 % considera que la atención recibida es "buena o muy buena", más del 77 % que es "muy positiva o bastante positiva" y más del 83 % recomendarían a otras personas acudir al defensor del pueblo para cualquier problema que tengan con la administración.