Asesinato, en 1989
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Prorrogan dos años la prisión para un exmilitar implicado en la muerte de Ellacuría

La Audiencia Nacional ha decidido que el excoronel y exviceministro de El Salvador Inocente Montano, pendiente de ser juzgado, permanezca en prisión preventiva hasta noviembre de 2021.
Inocente Montano lleva en prisión desde 2017. Foto obtenida de un vídeo de EiTB.
Inocente Montano lleva en prisión desde 2017. Foto obtenida de un vídeo de EiTB.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido prorrogar por dos años más, hasta finales de noviembre de 2021, la prisión preventiva que ordenó el 30 de noviembre de 2017 para el excoronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano. Montano está pendiente de ser juzgado en la Audiencia Nacional por su participación en los asesinatos del jesuita vasco Ignacio Ellacuría y otros cuatro sacerdotes de esta orden religiosa, uno de ellos Juan Ramón Moreno, navarro, cometidos en El Salvador en 1989.

El auto se basa en la gravedad de los delitos por los que va a ser juzgado, cinco asesinatos de carácter terrorista, por los que el Ministerio Fiscal solicita en su escrito de calificación la pena de 30 años de prisión por cada uno de ellos, "lo que supone una pena de extrema gravedad, debiéndose tomar medidas preventivas y aseguradoras del buen fin del proceso acorde con la misma".

Riesgo de que se sitúe en paradero desconocido

Además, el Tribunal advierte del riesgo de que Montano, si saliera en libertad, se situara en paradero desconocido. En ese sentido, recuerda que fue necesario activar el mecanismo de cooperación internacional de la extradición, para lograr la entrega del procesado a los tribunales españoles; y en este momento, con la fecha de juicio ya cercana, se incrementa, según los jueces, "la tentación  de arriesgarse a afrontar el desarraigo y la clandestinidad que supone ponerse fuera del alcance del aparato jurisdiccional".

La Sala también tiene en cuenta que el excoronel salvadoreño no presenta lazos familiares, ni de trabajo estable que pudieran justificar su arraigo en España.

La prórroga de los dos años se computará desde el 30 de noviembre de 2019, fecha en la que el juzgado de instrucción número 6 acordó, en 2017, el ingreso en prisión del detenido.

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