Numerosas organizaciones piden más pasos en el plan de desescalada en las cárceles

Más de veinticinco organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias un nuevo escrito “solicitando que se amplíen las medidas de desescalada en prisión”. Según estas organizaciones “al igual que en el exterior también es necesario pasar de fase, dentro de las cárceles para lo que es necesario que se amplíe y profundice el plan de desconfinamiento”.

En este sentido, recuerdan que el pasado 13 de mayo “diversos organismos internacionales como la OMS, la OACDH, UNAIDS y la UNODC publicaron una declaración conjunta volviendo a llamar urgentemente la atención de los gobiernos respecto de la mayor vulnerabilidad que presentan las personas privadas de libertad respecto a la COVID-19”.

Tal y como reconocen las organizaciones, “es cierto que el Ministerio del Interior publicó una Orden para flexibilizar las restricciones adoptadas dentro de prisión desde la declaración del estado de alarma”; sin embargo, advierten de que “sigue siendo necesario reducir el riesgo de propagación del virus en los centros penitenciarios así como adoptar medidas más respetuosas con los derechos fundamentales de las personas presas y de sus familiares y personas allegadas” también en esta fase de desescalada.

En concreto, señalan que, respecto a la reducción de la población penitenciaria es necesario implementar medidas tendentes a su excarcelación por medio de “la concesión de progresiones a terceros grados y promoción de libertades condicionales, en su caso anticipadas, para aquellas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”.

Debido a las restricciones de movilidad fijadas por el estado de alarma que impide el desplazamiento a otras provincias, numerosas personas presas no están pudiendo comunicar con sus familiares y personas allegadas al estar cumpliendo condena en otra cárcel diferente a la de su lugar de origen o arraigo. Por ello, exigen, al igual que hizo el Gobierno Vasco, que “todas las personas presas sean destinadas a un Centro Penitenciario que esté en la misma región sanitaria o provincia de su lugar de arraigo”.

Asociaciones que se han adherido a la petición:

1. Altsasu Gurasoak

2. Asociación Libre de Abogadas y Abogados

3. Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza

4. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),

5. Asociación Sare- VIH

6. Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans

7. Ateneu Llibertari de Gràcia

8. Centre Irídia

9. Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (C.A.M.P.A)

10. Col·lectiu akelharre

11. Col·lectiu Ananke

12. Col·lectiu Rossinyol

13. Comision Legal Sol

14. Comissió de Defensa de Il·Iustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)

15. Esculca

16. Etxerat

17. Familias de Presos en Catalunya

18. Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza

19. Institut de Drets Humans de Catalunya

20. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona

21. Oteando

22. Pastoral Penitenciaria de Navarra

23. Red Jurídica

24. Salhaketa Araba

25. Salhaketa Bizkaia

26. Salhaketa Nafarroa

27. Sare Herritararra – Red ciudadana Sare