La jueza no ratifica el nuevo confinamiento en varios municipios de Lleida
La Justicia ha acordado no ratificar la decisión de la Generalitat de que, por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lleida), desde las 00:00 horas de este lunes se prohibiera toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.
La jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida afirma en un auto que su decisión (que se puede recurrir) se basa en que ve desproporcionada la resolución del Govern, cuyo objetivo, además, "no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial" y que ésta es una competencia estatal.
El auto añade que no puede argumentarse que ya hubo un confinamiento en Òdena (Barcelona) y que hay vigente un confinamiento perimetral en el Segrià (Barcelona), "pues las medidas allí contempladas, restricción de movimientos, nunca confinamientos domiciliarios generales, suponían una afectación de mucha menor intensidad de los derechos fundamentales que lo que ahora pretende el gobierno de la Generalidad".
La jueza añade que tampoco se puede ratificar este confinamiento domiciliario "pudiendo la Generalitat de Cataluña realizar otras actuaciones tales como individualización del confinamiento domiciliario respecto a las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento".
También alega que "la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos, debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, esta transmisión aparece en el informe de pasada".
"Según las cifras presentadas entendemos que la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con los datos expuestos", insiste.
Además, la Fiscalía Provincial de Lleida se había opuesto a que la justicia ratificara la decisión la Generalitat. El fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, alegaba en un escrito que "es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso".
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