El Gobierno de España decreta el estado de alarma, que pretende extender seis meses

El Gobierno de España ha decretado un nuevo estado de alarma, que estará en vigor durante 15 días, en una reunión extraordinaria del consejo de ministros, este domingo. La intención del Ejecutivo es prorrogarlo durante seis meses, según ha anunciado el presidente Pedro Sánchez en una rueda de prensa telemática. Para ello, el Gobierno necesitará el apoyo del Congreso de los Diputados.

El decreto del Estado de alarma ha sido ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, y ha entrado en vigor inmediatamente. Afecta a todo el territorio español, pero no implicará un nuevo confinamiento en casa. Su objetivo principal es dar cobertura legal a algunas medidas adoptadas por algunos ejecutivos autonómicos y tumbadas por algunos tribunales, como el toque de queda o limitaciones en las reuniones.

El toque de queda será obligatorio de 23:00 a 6:00, aunque el decreto da margen a las comunidades autónomas para adelantar o atrasar una hora su comienzo o finalización. De esta manera, los ejecutivos autonómicos podrán decidir que el momento en que queda prohibida la libertad de circulación comience a las 22:00 o 00:00, y que termine a las 5:00 o 7:00.

En algunos casos excepcionales se podrá circular en esa franja horaria, como para adquirir medicamentos, ir al trabajo, regresar al domicilio o cuidar a mayores o menores de edad.

Debido a su mejor situación epidemiológica, el toque de queda no será aplicado en Canarias.

En cuanto a las reuniones, el decreto otorga a las comunidades autónomas capacidad para limitar el número máximo a 6 personas, tanto en el ámbito privado como en el público.

El nuevo estado de alarma no impedirá la movilidad entre comunidades autónomas. Este aspecto quedará en manos de los ejecutivos autonómicos, que podrán decidir cierres perimetrales.

Hasta el 9 de mayo

El Congreso de los Diputados abordará esta semana la prórroga del nuevo estado de alarma. La intención del Gobierno es extenderlo durante seis meses, hasta el 9 de mayo, y obtener así un "maco estable" para aplicar las medidas. Según Sánchez, ese es el tiempo necesario para doblegar la curva de la segunda ola y contener lo peor de la pandemia.

Sánchez ha anunciado que, durante el tiempo que esté en marcha el estado de alarma, el ministro de Sanidad "rendirá cuentas" en el Congreso cada 15 días. Igualmente, espera que hagan lo propio los presidentes autonómicos.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha anunciado también que el estado de alarma dejará de aplicarse "de inmediato si podemos superar antes la emergencia plenamente".

De esta manera, Sánchez ha solicitado "formalmente" a todos los grupos parlamentarios su apoyo a la prórroga para obtener un "abrumador respaldo".

Las comunidades autónomas, al mando

Las autoridades delegadas durante este nuevo estado de alarma serán los presidentes de las comunidades autónomas, a diferencia de lo sucedido en la primera ola, cuando Pedro Sánchez fue el mando único.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde estarán las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, funcionará como órgano de cooperación y cogobernanza.

El estado de alarma ha sido una petición de once Ejecutivos autonómicos —ninguna del PP—, entre ellos el lehendakari de la CAV Iñigo Urkullu y la presidenta de Navarra María Chivite, con el objetivo de tener cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente al incremento de contagios de COVID-19.

Se prevé que no tendrán ningún obstáculo para aprobar su prórroga, ya que cuentan con el respaldo parlamentario del PNV, los independentistas y Cs.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a hacer este viernes un claro llamamiento al PP para que garantice su apoyo para prorrogar este instrumento y poder garantizar así una cobertura jurídica apropiada para medidas como el toque de queda. De momento, el Ejecutivo de Sánchez ya se ha asegurado el apoyo del PNV, los grupos independentistas y Ciudadanos.

Plan aprobado por la CISNS

El Gobierno de España y las comunidades aprobaron este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un plan de respuesta coordinada que incluye cuatro niveles de riesgo, con sus correspondientes medidas. En el nivel de alerta máxima se contempla expresamente la posibilidad de recurrir al estado de alarma para dar cobertura a medidas "excepcionales", tal y como recordó Sánchez en su comparecencia.

Tras superarse la primera ola del coronavirus, y decaer el estado de alarma iniciado en marzo por la progresiva pérdida de apoyos, Sánchez adoptó en verano una estrategia de "cogobernanza" con las comunidades, para que fueran ellas las que, en coordinación con Sanidad, se encargaran de gestionar la pandemia.

En esta línea, a finales de agosto puso a su disposición la posibilidad de solicitar la aprobación de un estado de alarma "territorializado" que sirviera como cobertura jurídica para aplicar medidas de movilidad más estrictas, si así lo consideraban necesario. En ese momento, Sánchez, ofreció a los presidentes autonómicos la posibilidad de acudir al Congreso a defender ellos mismos su petición.