La acusada del crimen de Castro Urdiales niega su implicación en los hechos

La acusada de matar a su pareja, Jesús María Baranda, un jubilado bilbaíno de 67 años, cuya cabeza fue descubierta en una caja, ha sido trasladada al Juzgado de Instrucción que lleva esta causa, donde ha negado su implicación en la desaparición y muerte de este hombre.

La acusada, Carmen Merino, de 61 años y natural de Sevilla, ha llegado al Juzgado sobre las 11:00 horas  y ha salido unos 20 minutos después, escoltada por la Guardia Civil.

Según adelantaron el jueves fuente cercanas al caso, no estaba previsto que prestara declaración ante el juez, el tercero en este Juzgado desde que sucedieron los hechos, si bien aún no se conocen los pormenores de lo ocurrido en el interior del Juzgado.

La declaración de hoy la pidió el Ministerio Fiscal para tratar de avanzar en la instrucción e intentar esclarecer algunos aspectos del caso, han explicado fuentes jurídicas.

Otras fuentes del caso señalan que la acusada ha manifestado que no ha tenido implicación ni en la desaparición ni en la muerte de su pareja, y que tampoco sabe qué ocurrió para que el cráneo apareciera en la caja.

Antes de entrar al Juzgado, la letrada de la acusación particular ha explicado a los periodistas que los familiares de la víctima están preocupados y que esperan que se depuren las responsabilidades penales oportunas.

La mujer se encuentra en la prisión de El Dueso desde que se descubrió lo ocurrido hace ya más de un año. El 28 de septiembre de 2019 apareció dentro de una caja el cráneo de Baranda, pareja de la sospechosa, con la que residía en una vivienda en la calle Padre Basabe de Castro Urdiales desde hacía siete años.

Desaparecido desde febrero de 2019

El hombre, que había sido empleado de banca, se encontraba desaparecido desde febrero de 2019.

La detención de la acusada se produjo después de que una amiga suya hallara el cráneo dentro de una caja que le habría entregado hace meses para que la guardara, y que abrió ante el mal olor que despedía. Ante el descubrimiento, tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y trasladada al centro de salud Cotolino de Castro Urdiales.

Durante los días siguientes, la Guardia Civil de Cantabria, con apoyo de especialistas de Madrid y con ayuda de perros, inspeccionó el piso de la pareja, terrenos que tenía el fallecido en la zona, y hasta se desplazó al vertedero de Meruelo, el más grande de Cantabria, para informarse sobre tratamiento de residuos.

El hallazgo del cráneo desató todo tipo de conjeturas sobre lo ocurrido, y su identidad se determinó días después de su aparición por las pruebas forenses que se practicaron.

El juez decretó el secreto de las actuaciones y lo prorrogó durante varios meses, hasta el pasado 30 de junio cuando se levantó, es decir, nueve meses después del hallazgo. Y en julio la Audiencia Provincial de Cantabria denegó la libertad provisional a la procesada al apreciar riesgo de fuga, entre otros motivos.

Más de un año después de lo sucedido quedan todavía por despejar muchas dudas sobre el caso, como el motivo del crimen, dónde se produjo o dónde se encuentra el resto del cuerpo del fallecido.