El TSJPV ve "discriminatorio" que los Policías Locales de Irun deban saber euskera

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el requisito del perfil lingüístico de la convocatoria pública de la Policía Local de Irun al considerar que el conocimiento obligatorio del euskera es un requisito "discriminatorio". El Observatorio de Derechos Lingüísticos, Behatokia, y Kontseilua denuncian que la decisión es "política" más que jurídica.

Según la sentencia, no sería necesario que la totalidad de los agentes sepan euskera para garantizar que los ciudadanos puedan relacionarse con la Administración en euskera. En cambio, la directora de Behatokia, Agurne Gaubeka, ha señalado que la sentencia ataca directamente los derechos lingüísticos de las y los ciudadanos de Irún: "Si se van a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, para ello se necesita personal capacitado y son los trabajadores bilingües los que pueden dar servicio a todas las personas".

Ha añadido que "teniendo en cuenta que la Policía Local presta un servicio básico y cercano a la ciudadanía, la supresión del perfil lingüístico de estos puestos de trabajo condiciona totalmente el derecho de la ciudadanía a relacionarse en euskera con la policía local",

Muestra de ello son, según la directora de Behatokia "los testimonios de ciudadanos y ciudadanas recogidos en el Observatorio, en los que se plasma que el insuficiente conocimiento del euskera en las relaciones con las policías locales les provoca daños colaterales o indefensión, afectando y condicionando incluso la propia seguridad ciudadana".

Agurne Gaubeka ha valorado la sentencia en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1. Según ha explicado, todavía están analizando la sentencia, pero considera "graves" algunos de los puntos a los que se refiere la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que la obligación es de la administración y no de cada uno de los agentes: "Entendemos que cada uno de esos agentes también debería tener la obligación de prestar el servicio en euskera". Es más, cree que si no se establecen los perfiles lingüísticos no está garantizado el derecho de la ciudadanía a recibir el servicio en euskera. Por ello, ha hecho un llamamiento para responder como pueblo.

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Por su parte, el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, ha calificado de "intervención muy dura" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: "Una vez más, quieren recordar quién tiene la última palabra en el ámbito de la política lingüística y, en consecuencia, cuando se toman este tipo de medidas, recordar quién tiene la decisión final. Por eso queremos reafirmar que la sentencia es más política que jurídica ", ha añadido.

Según Bilbao, la sentencia tiene una intencionalidad política concreta: "Además de frenar la normalización del euskera, quieren rezagar el euskera a una lengua de segunda, y en consecuencia, muestra la intención de convertir a los euskaldunes en ciudadanos y ciudadanas de segunda. Quiere convertir los privilegios de los monolingües en posibles derechos, aunque todo ello signifique vulnerar derechos de la ciudadanía".

Bilbao se ha mostrado preocupado por el impacto que esta sentencia pueda tener en otras futuras convocatorias de trabajo, por ello, Bilbao ha subrayado que "hay que analizar en profundidad la sentencia", ya que "eliminar la exigencia de conocer el euskera a los policías locales que tienen relación directa con la ciudadanía puede acarrear consecuencias peligrosas" en los derechos lingüísticos.