Varios colectivos sociales denuncian en el Parlamento Vasco el "racismo policial"

Varios colectivos sociales han denunciado este lunes en el Parlamento Vasco el "racismo policial" que sufren personas de perfil étnico distinto al blanco por parte de la Ertzaintza y las policías locales, a las que, entre otras críticas, han acusado de realizar identificaciones y cacheos "humillantes" de personas inocentes "basadas en estereotipos" étnicos o religiosos.

Estos colectivos, entre los que se encuentra SOS Racismo y Rights International Spain, han presentado ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco el manifiesto '29-M. Stop al racismo policial'.

El título de este manifiesto alude a la actuación de ertzainas que, según se apreció en un vídeo difundido en esa fecha en redes sociales, golpearon a un joven y a su madre en el transcurso de una intervención efectuada en el barrio de San Francisco de Bilbao, en el marco de los controles sobre las medidas de confinamiento con motivo del coronavirus.

El 30 de marzo, la entonces consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, anunció que la unidad de asuntos internos de la Ertzaintza había abierto una investigación sobre la actuación de los agentes de la Policía autonómica que participaron en aquella intervención.

No obstante, en su comparecencia de este lunes en el Parlamento, SOS Racismo Bizkaia ha asegurado que "hasta el día de hoy" no tienen "constancia" de dicha investigación.

Los firmantes del manifiesto presentado este lunes en el Parlamento pretenden denunciar el problema del "racismo policial", del que denuncian que se encuentra "profundamente invisibilizado" y que resulta "negado por parte de las instituciones, medios de comunicación y sindicatos policiales".

En el manifiesto se constata que "el racismo es una construcción cultural y política fundada sobre prejuicios y estereotipos muy arraigados e instalados mediante la imposición de relatos y discursos a lo largo de la historia, siendo en la actualidad una palanca de los sistemas económicos que sustentan un nuevo colonialismo a nivel mundial".

En el texto se subraya que esta estructura jerárquica del mundo, "que inferioriza a una parte de la población", se evidencia "en el trato racista que se da a las personas racializadas y migrantes que habitan el territorio europeo y occidental, criminalizándolas por su origen, color de piel, religión o etnia".

Los firmantes del documento alertan de que Euskadi "no es una excepción", dado que también en el País Vasco "los cuerpos policiales, amparados por el racismo institucional, no se ven obligados a actuar con las personas racializadas respetando garantías legales ni derechos humanos, a pesar de que, por el simple hecho de su naturaleza humana, todas las personas merezcan un trato digno, libre de violencia y discriminación".

En el manifiesto se detallan diversas "prácticas racistas" cometidas por las fuerzas policiales, entre las que se destacan las identificaciones "por perfil étnico". Estas prácticas consisten, según apuntan, en las "paradas racistas" que sufren las personas racializadas en la vía pública, siendo identificadas "por sus rasgos y sin motivo aparente, excepto la propia percepción como 'sospechoso' por parte del agente de la Policía".

Estas "paradas", según se alerta en el texto, "acaban muchas veces en cacheos humillantes en la vía pública o en portales", mientras que otras veces derivan incluso en "agresiones racistas, verbales y físicas", con multas y denuncias por parte del agente de la Policía.

Estas prácticas policiales -recuerdan los colectivos promotores del manifiesto- "son ilegales y están prohibidas por los convenios internacionales y europeos". En este sentido, se recuerda que los sucesos del 29 de marzo del año pasado en la calle San Francisco de Bilbao empezaron por una "identificación racista", y que toda la actuación policial desarrollada después contra el joven y su madre "no se puede explicar ni entender fuera del marco del racismo estructural".

Los colectivos impulsores de este manifiesto denuncian que "en general, la Policía, a la hora de abordar un conflicto entre dos partes, una racializada y otra blanca, se posiciona desde el principio a favor o del lado de la persona blanca". De esa forma, denuncia que las personas racializadas en estos contextos "se ven discriminadas, cuestionadas, acusadas y condenadas de antemano".

Por otra parte, alertan del "acoso" que sufren ciertos establecimientos, con intervenciones en tiendas, restaurantes o lonjas "sin permiso judicial y sin garantías y siempre con la excusa de perseguir un delito". En este marco -denuncian- "muchas veces los clientes y los dueños han sido objeto de identificaciones, maltrato verbal y agresiones físicas".

También constatan la práctica de "acoso y cacheos" en la calle, especialmente a grupos de jóvenes magrebíes y subsaharianos, que sufren "identificaciones racistas". A su vez, alertan de una "falta de respeto" de los procedimientos legales en los casos de okupas de origen extranjero.