Movilización el 29 de mayo en Baiona contra la decisión del Consejo Constitucional
Después de que el Consejo Constitucional de Francia haya rechazado parcialmente la ley para proteger y promocionar las lenguas minoritarias, los miembros de la Mancomunidad Única de Iparralde y los representantes que trabajan en favor de la normalización del euskera han comparecido esta tarde para mostrar su rechazo a la resolución.
Han criticado duramente la decisión y han destacado que la supervivencia del euskera y las lenguas minoritarias solo se podrá garantizar a través de una reforma de la Constitución francesa.
Asimismo, han anunciado la convocatoria de una movilización para el próximo día 29 de mayo en Baiona.
La Asamblea Nacional dio luz verde a la ley, conocida como la ley Molac, el pasado 8 de abril. El texto obtuvo el respaldo de una gran mayoría, ya que, 247 diputados y diputadas se mostraron a favor. Sin embargo, 60 diputados interpusieron un recurso en contra del artículo 6 que hace referencia a la financiación de las escuelas privadas que enseñan lenguas minoritarias.
Pues bien, el Consejo Constitucional ha determinado que el artículo 6 es constitucional. Pese a que el recurso era contra ese artículo en concreto, el Consejo Constitucional ha decidido actuar de oficio, analizar la ley en su conjunto y ha declarado inconstitucionales los artículos 4 y 9.
El primero es referente al modelo de inmersión lingüístico y el segundo recoge la posibilidad de introducir signos diacríticos como la "ñ" en los documentos de estado civil.
Así las cosas, el modelo de inmersión de las lenguas minoritarias no entrará en el Código de Educación francés, por lo que no se legalizará ese modelo. Tampoco se podrán utilizar los signos diacríticos de las lenguas minoritarias en los documentos de estado civil.
Según ha manifestado el presidente de la federación de ikastolas de Iparralde (Seaska), Peio Jorajuria, "es una decisión política". Ha denunciado que el Consejo Constitucional no haya escuchado la voz de la mayoría de diputados y diputadas franceses y que algunos sigan anclados en el pasado.
El presidente de la Mancomunidad Única de Iparralde y alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray, ha subrayado que se trata de una "declaración de guerra". En un mensaje publicado en su perfil de Twitter ha destacado que "si el idioma de la República es el francés, las lenguas regionales son la quintaesencia de estos territorios que también componen Francia".
Por su parte, el impulsor de la ley de lenguas regionales, Paul Molac, ha calificado de increíble la decisión del Consejo Constitucional y ha pedido la puesta en marcha de un proyecto de ley para modificar la Constitución. En este sentido, ha dicho que hay que modificar el artículo que dice que la lengua de la República es el francés.
VÍDEO | Enfado entre los euskaltzales por la resolución del Consejo Constitucional
El consejero de Nueva Aquitania, Andde Sainte Marie ha dicho que la decisión es "entre mediocre y patética”, que se trata de un "punto de visto retrógrado y un retroceso impresionante”. Además, ha denunciado que "por encima del consenso”, han prevalecido "los valores jacobinos”.
Por su parte, la presidenta de la Institución Pública por el Occitano, Charline Claveay, ha reclamado "volver a abrir el debate sobre las lenguas, porque con la actual Constitución no se pueden dar pasos hacia adelante”.
La Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, ha expresado su oposición a dicho dictamen, y ha mostrado su malestar por el mismo.
Euskaltzaindia ha lamentado que el artículo 2 de la Constitución francesa, que sanciona que el francés es la lengua de la República, ha servido, desde siempre, para "obstaculizar el avance de las lenguas regionales en la República Francesa, relegando a las mismas a la condición de lenguas de segunda categoría".
EH Bildu, por su parte, participará en una concentración este sábado 22 de mayo ante la sede del Tribunal Superior del País Vasco, para protestar por dicha resolución del Consejo Constitucional francés.
El PNV, en un comunicado, ha denunciado que esta decisión del Consejo Constitucional de rechazar algunos artículos de la ley de abril que favorecía la extensión social de las lenguas minoritarias en Francia, constituye "un retroceso sin precedentes en la promoción de dichas lenguas".
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