Investigan a cargos del CSIC por el accidente en el que murió un montañero de Bergara

Un juez de Vielha (Lleida) investiga a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, y a otros dos cargos de la agencia estatal por el accidente mortal en el que murieron dos personas, entre ellas, el montañero de Bergara Unai Pérez de Arenaza. Además, en ese mismo accidente resultó herido de gravedad el investigador de Lasarte-Oria, Roberto Sánchez.

La presidenta y quienes entonces eran responsables de riesgos laborales y recursos humanos del CSIC han sido citados a declarar el próximo 27 de mayo por orden de la Audiencia de Lleida ante las "sospechas" de que pudieron cometer un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores, según el auto, al que ha tenido acceso la agencia Efe.

El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC fueron arrastrados por un alud en la Vall de Conangles.

A raíz del accidente, murieron dos personas: el montañero Unai Pérez de Arenaza, vecino de Bergara, y el bilólogo salmantino Gaspar Giner Abati. Además, resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte contratado como técnico superior para el CSIC.

Ambos fallecidos habían sido reclutados verbalmente por el director del proyecto, Luis C. -también investigado-, unos días antes de la salida de la expedición sin realizar ningún trámite administrativo previo, ni gestionar ninguna hoja de pedido de contratación y sin que la gerencia del CSIC autorizase ningún gasto relacionado con su intervención en la campaña de toma de muestras.

Esta situación motivó una demanda por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y el juzgado de lo social número 1 de Lleida reconoció en una sentencia, que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que los fallecidos mantenían una relación laboral con el CSIC a pesar de que esta agencia lo negase.

Los familiares de los investigadores fallecidos se han constituido como acusación particular en la causa penal abierta por el accidente y han pedido la imputación de la cúpula del CSIC porque consideran que la expedición, cuyos miembros iban equipados con material proporcionado por la empresa científica, se llevó a cabo sin medidas de prevención.

De hecho, tras el accidente mortal, el CSIC presentó ante la Inspección de Trabajo un plan de riesgos laborales que consta como aprobado en abril de 2018, es decir, un mes después del accidente, según un informe incluido en el sumario.

El pasado mes de diciembre el juzgado de lo social número 1 de Lleida concluyó que la prestación de servicios que hicieron esas personas al CSIC era "de naturaleza laboral".