El TSJPV se reunirá el lunes para decidir si autoriza la instauración del pasaporte covid-19 en Euskadi
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) se reunirá el próximo lunes 22 de noviembre para deliberar sobre la solicitud de autorización realizada por el Gobierno Vasco para poder implantar en Euskadi el llamado pasaporte covid-19. Es previsible que ese mismo día se conozca si el tribunal avala esta medida.
El Gobierno Vasco ha presentado pasadas las 13:00 horas el documento en el que solicita la autorización judicial para solicitar el Certificado Covid Digital de la Unión Europea en determinados lugares o establecimientos como medida adicional a las establecidas por el Departamento de Salud.
En cuanto al objeto y ámbito de la autorización, el Ejecutivo explica que se pretende exigirse el Certificado Covid Digital en los establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de esparcimiento y baile como discotecas, salas de baile, salas de fiesta con espectáculo, bares musicales, karaokes.
En cuanto a los pubes y bares especiales incluidos en el Grupo III, la medida se exigirá a partir de las 22:00 horas. Asimismo, la medida afecta a los restaurantes con capacidad autorizada de plazas de comedor superiores a 50 comensales.
De este modo, tanto el acceso como la permanencia en el interior de dichos establecimientos, mientras la tasa de incidencia acumulada en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi de casos positivos por covid-19 en los últimos 14 días sea igual o superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes, estará condicionada al control de los responsables del establecimiento que deberán controlar la exhibición del papel o soporte digital del Certificado Covid Digital.
Según ha dado a conocer el Ejecutivo en una nota, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco alegan que es necesaria una medida de este tipo para contribuir a atajar una nueva ola de transmisión comunitaria del virus y para incentivar, aún más si cabe, la vacunación de toda la ciudadanía.
Asimismo, según recoge el escrito, consideran que la afección necesaria a los derechos fundamentales, en este caso las libertades individuales, se contrapone con el derecho fundamental a la vida y la salud pública, que debe prevalecer por encima de todo.
El Gobierno Vasco ha tenido en cuenta, asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha avalado en algunos casos medidas muy similares. "De acuerdo con la doctrina de este tribunal, no queda afectado el derecho fundamental a la protección de datos en cuanto únicamente prevé la exhibición de la documentación presentada para el acceso al local, a fin de comprobar la autenticidad del mismo", sostiene el escrito.
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