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El Gobierno Vasco no recurrirá la decisión del TSJPV de rechazar la prórroga del pasaporte covid

El Gobierno PNV-PSE ha asegurado que no quiere estar en una "permanente judicialización" de los procesos relacionados con las medidas para combatir el coronavirus. No obstante, el Ejecutivo se ha preguntado "cuál es la lógica" de la decisión, que "respeta pero no comparte".
Una empleada comprobando el pasaporte covid de una clienta
Una empleada comprobando el pasaporte covid de una clienta

El Gobierno Vasco ha anunciado que no interpondrá recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de no autorizar la prórroga de la exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea.

En un comunicado, el gobierno PNV-PSE ha asegurado que no quiere estar en una "permanente judicialización" de los procesos relacionados con las medidas para combatir el coronavirus.

En todo caso, el Ejecutivo de la CAV se ha preguntado "cuál es la lógica" de rechazar la ampliación temporal de la exigencia del pasaporte covid y mantener la obligatoriedad para los restaurantes con capacidad de más de 50 comensales y para los locales de ocio nocturno.

En otro comunicado previo, ha expresado que "respeta pero no comparte" la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de rechazar prorrogar la exigencia del pasaporte covid hasta el 13 de febrero en toda la hostelería, eventos, gimnasios, y para las visitas a hospitales, residencias o prisiones de la comunidad autónoma, al no haber justificado el Gobierno Vasco su eficacia para evitar contagios. En consecuencia, también rechaza su aplicación en hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas, como pretendía el Ejecutivo.

El ejecutivo de Urkullu considera que la situación epidemiológica aconseja mantener las medidas preventivas acordadas en el Consejo Asesor del LABI, según propuesta de la Comisión Científico-Técnica, y atendiendo a medidas similares en una comunidad autónoma colindante y autorizada por su Tribunal Superior de Justicia.

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