Las víctimas de la red de trata sexual desarticulada en Bizkaia eran obligadas a consumir droga y prostituirse
Las 13 mujeres que fueron liberadas tras la desarticulación de una red de explotación sexual en Bizkaia eran obligadas a consumir drogas y prostituirse, según informaciones de fuentes de la investigación. Todas ellas eran captadas en sus países de origen y trasladadas a Bizkaia.
Fuentes de la investigación han explicado que las condiciones a las que estaban sometidas las víctimas eran infrahumanas e insalubres. Las mujeres eran controladas diariamente por integrantes de la organización, incluso a través de circuitos cerrados de televisión, y sólo podían salir del lugar de explotación únicamente una hora al día. Asimismo, eran obligadas a aceptar clientes las 24 horas del día, los siete días de la semana. También organizaban fiestas temáticas donde las víctimas tenían que consumir cocaía y acceder a las peticiones de los clientes.
La denominada operación Alipar se llevó a cabo a primeros de marzo en Barakaldo, Bilbao y Fruiz. En aquel momento, detuvieron a 7 personas y liberaron a 13 mujeres de diverso origen. Asimismo, se intervinieron más de 35.000 euros en efectivo, cocaína, marihuana, teléfonos móviles, ordenadores, dispositivos TPV, monitores, grabador de CCTV, pastillas de sildenafilo y amoxicilina así como documentación abundante.
Los agentes que han continuado investigando han podido constatar que la organización estaría operando al menos desde inicios de 2017 y que han podido haber controlado a numerosas víctimas de varios países.
La organización realizaba la captación de las mujeres en Sudamérica, principalmente en Paraguay y Colombia. Aprovechaban su situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles unas condiciones de vida y laborables prometedoras. Tras hacer varias escalas en distintos países europeos, llegaban a Bizkaia, donde eran informadas de su condición laboral real y obligadas a prostituirse. El liderazgo de la organización era asumido por una mujer. Otras cinco mujeres y un hombre llevaban a cabo diferentes cometidos en la misma.
La investigación se inició a raíz de la declaración de un testigo protegido que denunció ante la Guardia Civil los hechos. A los detenidos se les imputan la presunta autoría de los delitos de trata de seres humanos, prostitución y explotación sexual, contra la salud pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
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