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El TSJPV establece que son una "imposición" los requisitos lingüísticos de un contrato de transporte escolar

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que es "abusivo" exigir euskera en sus relaciones con la administración a los trabajadores de las empresas privadas que trabajan en el ámbito público.
Sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Imagen de ardhivo: EITB Media
Sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Imagen de ardhivo: EITB Media

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que los requisitos lingüísticos exigidos por el Departamento de Educación en un contrato vinculado al transporte escolar son una "imposición".

El contrato establecía que a los trabajadores de la empresa privada se les exigiría un nivel adecuado de euskera en sus relaciones con la administración. Una empresa de autobuses de Ondarroa acudió a los tribunales y en febrero salió la sentencia.

La Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha establecido que es "abusivo" exigir euskera en sus relaciones con la administración a los trabajadores de las empresas privadas que trabajan en el ámbito público. 

No es la primera sentencia contra el euskera, pero en este caso el TSJPV ha ido más allá. Hasta ahora, se habían dictado sentencias que hacían referencia a las relaciones de las empresas con sus clientes.

El TSJPV afirma también que no se puede pedir las mismas exigencias de euskera de los funcionarios a los trabajadores de las empresas privadas que presten servicio a la administración pública.

No es una sentencia firme y compete al Departamento de Gobernanza Pública del Gobierno Vasco la decisión de recurrir o no la sentencia. Según ha podido saber Euskadi Irratia, los servicios jurídicos están estudiando el caso y tienen de plazo hasta abril para hacerlo.

Reacciones

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, cree que esta última sentencia abre otro foco de debate, el de las exigencias lingüísticas a una empresa privada en sus relaciones con la administración pública. En todo caso, ha señalado que el Gobierno Vasco analizará la posibilidad de recurrir el veredicto.

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En opinión de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA), el fallo podría provocar que "las comunicaciones y reuniones" entre los ayuntamientos y las empresas privadas que prestan sus servicios "se tengan que hacer castellano". "Podría echar por tierra el todo trabajo realizado durante los últimos años", ha lamentado.

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