Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona recurrirán la rebaja de condena a un miembro de La Manada

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona recurrirán la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de rebajar en un año —de 15 a 14 años— la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de La Manada por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 en aplicación de la ley del sólo sí es sí.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha anunciado este miércoles que el Instituto Navarro de Igualdad presentará un recurso de casación en primera instancia y "si no prospera, vamos a estudiar fehacientemente la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Taberna, que ha recordado que el Ejecutivo foral estuvo como acusación popular en este caso, ha manifestado que "será el Tribunal Supremo por vía de los recursos quien pueda delimitar finalmente este hecho".

Ha señalado que el "primer recuerdo" del Gobierno de Navarra es hacia la víctima, "es la simpatía y empatía que debe tener, no solo las personas, sino las instituciones con unos luctuosos hechos que ocurrieron en aquel momento".

Preguntado sobre si se ha aprovechado esta sentencia para reabrir el debate en torno a la ley del 'solo sí es sí', Taberna ha comentado que "no merece la pena aprovecharse del mal ajeno" y ha añadido que "es un capítulo que corresponde al Gobierno de España y ya modificó la ley cuando vio una serie de efectos perversos que se daban con este marco legal". "Y fue consciente, así se anunció por el presidente Sánchez, de que iba a tener unos efectos retroactivos", ha agregado.

Por su parte, la alcaldesa de Pamplona, la regionalista Cristina Ibarrola, ha lamentado "muchísimo" la rebaja de la pena y sobre la posibilidad de corregir la decisión del TSJN ha considerado: "Me temo que hay poco que hacer porque no es una cuestión de estar o no de acuerdo, es que la ley ampara lo que está sucediendo". El Ayuntamiento de Pamplona también participó en el proceso judicial como acusación popular, al igual que el Gobierno de Navarra.