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El Gobierno de España se ofrece a asumir los costes de oficializar el euskera, catalán y gallego en la UE

España expondrá oficialmente el próximo martes en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE sus argumentos sobre esta propuesta y solo en el caso de que haya unanimidad se podría aprobar.
Un pleno del Parlamento Europeo. Foto de archivo: EFE
Un pleno del Parlamento Europeo. Foto de archivo: EFE

El Gobierno de España se ha ofrecido a asumir los costes que pueda suponer hacer oficiales el euskera, catalán y gallego en la Unión Europea. La propuesta ha sido expuesta hoy por los representantes españoles en la reunión preparatoria para el Consejo de Asuntos Generales del próximo martes, donde se discutirá esta cuestión.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones, al menos catorce Estados miembros de la UE, entre ellos Suecia y Finlandia de manera pública, han expresado sus dudas sobre cómo se financiaría la propuesta y han pedido un informe de los servicios jurídicos para analizar la legalidad de la solicitud española.

En un comunicado emitido hoy, el Gobierno de Helsinki ha señalado sus "reservas" ante una decisión que "aumentaría la carga financiera y administrativa" y probablemente también ralentizaría las decisiones y entradas en vigor de regulaciones europeas". 

Estocolmo, por su parte, considera que se necesita un análisis de las consecuencias en lo que se refiere a la influencia de la propuesta en la efectividad del trabajo de la UE, así como los efectos presupuestarios y prácticos, antes de tomar una postura final.

España ha mantenido en las últimas semanas contactos a todos los niveles para lograr luz verde de sus veintiséis socios y sacar adelante la promesa que se hizo a cambio del apoyo de JxCat para que la socialista Francina Armengol fuese elegida presidenta del Congreso de los Diputados y en el contexto de las negociaciones en curso para formar gobierno tras las elecciones del 23 de julio.

Tras el encuentro preparatorio de hoy, fuentes diplomáticas españolas mantienen que "no hay ningún no rotundo" entre sus socios pese a que reconocen que se han pedido "informes de impacto, sobre todo en lo que afecta al tema legal y administrativo".

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Iñaki Berasaluce / Europa Press

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