Fiscalía pide 22 años de cárcel para el jubilado que envió cartas explosivas a Moncloa y otras instituciones
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de 22 años de cárcel para el jubilado burgalés Pompeyo González que en 2022 fue detenido y procesado como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de EE. UU. y a la Embajada de Ucrania.
En el escrito de acusación, el Ministerio Público le imputa un delito de terrorismo con resultado de lesiones --por las sufridas por el empleado de la embajada ucraniana Mykola Velychko-- y un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
La Fiscalía interesa además la inhabilitación absoluta, y la inhabilitación especial para profesión u oficios educativos. Además, solicita que se le condene a indemnizar al trabajador herido con 1500 euros por las lesiones sufridas.
La AVT pide 24 años
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita por su parte para el jubilado de Miranda de Ebro (Burgos) la pena de 24 años de cárcel por los mismos delitos y recuerda que el hombre "contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España" construyó artefactos que remitió por correo postal a varias instituciones.
La AVT añade que la cantidad de explosivo y su disposición en el artefacto "sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados, tanto por la propia explosión de la sustancia, como por el impacto de la metralla incorporada (postas de plomo)".
Cabe recordar que fue en junio de 2023 cuando el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso juzgar por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista al hombre de 74 años como presunto autor del envío de seis cartas que contenían explosivos caseros a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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