El colegio de Bilbao condenado por inacción en un caso de bullying recurrirá la sentencia

El Colegio Hijas de la Caridad Nuestra Señora de Begoña, condenado al pago de una indemnización de 40 000 euros a una familia por no actuar en un caso de acoso escolar, ha anunciado recurso contra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

La directora pedagógica del centro, Esther Balbuena, ha explicado a los medios que no comparten el fallo y defienden que siguieron "desde el principio los protocolos que marca la ley, con comunicación directa con Inspección de Educación". Asimismo, ha demandado "respeto" ya que el caso sigue abierto.

En opinión del colegio, lo sufrido por la niña de 5 años "no fue un caso de bullying" y así lo defendió durante el juicio. "Conviene leerse la definición de lo que es bullying. Quizás se trataron actitudes inadecuadas, pero no acoso escolar", ha subrayado.

Sentencia histórica

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao ha condenado al centro a pagar 40 000 euros a una familia por no actuar ante el acoso escolar sufrido por su hija cuando tenía 5 años. Según la abogada de la familia, se trata de una sentencia pionera por la edad de la víctima y por la indemnización fijada, la mayor hasta la fecha.

El caso se remonta al curso 2021-2022, cuando según la sentencia, la niña padeció "constantes agresiones" físicas e incluso de índole sexual, intimidación y acoso por parte de una compañera de clase, un año mayor, durante meses y hasta que sus progenitores decidieron cambiarla de centro.

El fallo establece que el centro no hizo lo suficiente para evitar estas agresiones y que, como consecuencia de estos hechos, la víctima perdió el habla de forma temporal, sufrió "un intenso retraimiento social" y "episodios de angustia, insomnio y pérdida de apetito".

La resolución recoge el relato de la psiquiatra de Osakidetza que trató a la menor y que apreció que estaba "extraordinariamente enferma" con "un cuadro propio de estrés postraumático severo como reacción ante una situación de maltrato y abuso de naturaleza sexual". Tres años después, la menor continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico y medicación, y la familia se ha mudado a otro barrio. 

Durante el juicio también expuso que el centro "hizo oídos y ojos sordos al sufrimiento" de la niña, a la que prescribió ansiolíticos para combatir el cuadro que presentaba.

El magistrado considera acreditado que no se trató de una situación "aislada ni puntual; se prolongó al menos desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2022 sin que (el centro) lograse articular ninguna solución que pusiera fin a la misma".

"No hay rastro alguno de que se arbitrase —o siquiera se llegara a considerar la posibilidad— en ningún momento medida alguna que atajase las agresiones y protegiese a la menor", se argumenta en el fallo, que remarca que "el centro se convirtió en mero espectador".

"Las pruebas muestran de forma clara y sin asomo de duda el fracaso del centro a la hora de resolver lo sucedido y garantizar la protección de la menor", resuelve el magistrado.