CCOO y UGT seguirán "vigilantes" y no van a "parar hasta que se respeten los derechos de la gente"

CCOO y UGT han instado este domingo al Gobierno de España a incluir en los Presupuestos Generales del Estado una agenda social que incluya, entre otros asuntos, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y el compromiso de que el salario mínimo interprofesional (SMI) no cotice por IRPF.

Ambos sindicatos han convocado conjuntamente diversas concentraciones en todo el Estado español tras el voto en contra de PP, Vox y Junts al decreto "Ómnibus" que incluía el alza de las pensiones, la extensión de la bonificación del transporte público y las ayudas por la DANA en Valencia.

Han optado por mantener la protesta a pesar de que el Gobierno de España ha vuelto a aprobar las medidas sociales en un nuevo decreto. En Euskal Herria, se han realizado movilizaciones en Bilbao y en Pamplona. 

En Bilbao, la protesta se ha desarrollado en la plaza Circular, encabezada por una pancarta con el lema 'Con los derechos de la gente no se juega', que portaban, entre otros, la secretaria general de CCOO de Euskadi, Loli García, y el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza. En la movilización, que ha reunido a numerosas personas, también ha participado el diputado de Sumar en el Congreso Lander Martínez.

Según ha explicado García, en declaraciones a los medios, los dos sindicatos han decidido "salir a las calles" ante lo sucedido en estas semanas en relación a la revalorización de las pensiones y las medidas de "escudo social".

"Al conjunto de las instituciones y fundamentalmente a los partidos políticos que votaron en contra de la aprobación del decreto y ahora van a votar a favor, sin dar ninguna explicación, queremos decir alto y claro que con los derechos de la gente no se juega", ha señalado la dirigente de CCOO.

En la misma línea, el secretario general de UGT-Euskadi ha lamentado que se hayan puesto "en tela de juicio", por "cortoplacismo", los derechos "consolidados" de los trabajadores y que "más de medio millón de pensionistas vascos hayan tenido que estar esta semana pendientes de las estrategias de los diferentes partidos políticos".

Según ha indicado, "ha llegado el momento de exigir a los partidos políticos que con los derechos de la gente no se juega y para eso vamos a estar aquí hoy, y siempre que haga falta" para defender "conquistas claras" de los trabajadores, de los pensionistas, de los usuarios del transporte público, de los afectados por la Dana o de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital.

En Pamplona, la concentración ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento, donde las centrales y los congregados han rechazado "el uso oportunista de los derechos sociales" y han abogado por la protección de la mayoría social y, "particularmente, de los más vulnerables".

Encabezados por los secretarios generales de UGT y CCOO de Navarra, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente, los participantes han portado una pancarta con el lema 'Con los derechos de la gente no se juega'. A ellos se han sumado trabajadores de BSH de Esquíroz con otra pancarta en la que podía leerse 'BSH no se cierra'.

Santos ha señalado a los medios de comunicación que "no se juega con los derechos, sobre todo de la gente más débil" y ha asegurado que, en torno al decreto Ómnibus, "ha habido un oportunismo por parte de los partidos políticos, principalmente por aquellos que no lo han aprobado pensando en poner una zancadilla al Gobierno".

Señala que estos comportamientos en los partidos llevan a los ciudadanos "a no creer en parte en la política", porque "prevalecen sus intereses estratégicos en un momento determinado a los intereses generales de la población".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha denunciado que "no puede ser que las políticas sociales se pongan en manos de la extrema derecha y la ultraderecha porque no se convertirán nunca en derechos sociales". Rodríguez ha puesto de relieve que "parece que en Navarra vivimos en una isla", pero "hay que recordar que son más de 133 000 pensionistas navarros y navarras que han podido ver, con la caída de ese decreto, mermada su pensión, o las 30 000-35 000 personas que en Navarra cobran el SMI y que tienen que tener un recorrido para poder seguir teniendo una calidad de vida digna".