Bruselas ofrece a los gobiernos europeos un encaje legal para imitar el modelo Meloni de deportación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido finalmente a los gobiernos europeos el encaje legal necesario para replicar el modelo del Gobierno italiano de Georgia Meloni para externalizar los centros de deportación a terceros estados, si bien Bruselas establece una línea roja para que ninguna persona migrante sea trasladada a esas instalaciones fuera de la Unión Europea hasta que se haya dictado una orden definitiva de expulsión.

"Debemos ser firmes y asertivos en nuestro planteamiento, sin dejar de ser fieles a los valores europeos de justicia y derechos fundamentales", ha defendido la vicepresidenta de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, al presentar los detalles de la propuesta de Bruselas, que debe ser aún negociada entre los Veintisiete y la Eurocámara antes de ser adoptada.

Von der Leyen ya prometió en diciembre a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que sus servicios buscarían la "mejor manera de introducir en el marco jurídico" el establecimiento de los centros de deportación en terceros estados, teniendo en cuenta tanto su dimensión legal como la operativa y financiera, "respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales".

Este formato fue defendido por una gran mayoría de estados miembros como una "solución innovadora" para acelerar los retornos, aunque algunos como España, dejaron claro que no ven con buenos ojos esta opción, por dudas sobre su eficacia y su legalidad.

En este contexto, Bruselas establece varias líneas rojas que diferenciarán el modelo que Meloni ha acordado con Albania, pero que la Justicia italiana ha paralizado en varias ocasiones por transferir a este centro de retención a personas migrantes recién rescatadas en alta mar, sin llegar a tramitar sus peticiones de asilo en Italia.

Con esta propuesta, la Comisión quiere revisar la directiva de Retorno que data de 2008 y considera obsoleta para agilizar las expulsiones de personas migrantes que llegan a la Unión Europea de manera irregular y no obtienen la protección de refugiado o asilado.

El Ejecutivo comunitario defiende este dossier como un pilar "esencial" para asegurar que funcione el Pacto de Migración y Asilo que los gobiernos deben aplicar a más tardar en 2026.