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Queda bajo secreto la investigación sobre si el apagón fue un sabotaje

El juez de la Audiencia Nacional que dirige la investigación ha tomado esta decisión para "prevenir una situación que pueda comprometer" el proceso. Si la investigación determina que pudo haber un sabotaje, ello encajaría en un delito de terrorismo.
Torres eléctricas. Imagen de archivo de EFE.
Torres eléctricas. Imagen de archivo de EFE.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha declarado el secreto de la causa abierta para investigar si el apagón eléctrico que afectó a la Península el pasado lunes pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas. Si la investigación así lo determinara, los hechos encajarían en un delito de terrorismo.

El juez ha dado este paso a petición de la Fiscalía, que reclamó mantener en secreto el avance de la investigación, en atención a la naturaleza de los hechos y sus circunstancias.

Tras analizar la doctrina, Calama explica en su auto que el secreto persigue "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación". En sus palabras, solo así se puede impedir que el conocimiento de las diligencias que se van adoptando pueda ocasionar "interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales".

El juez, que se encuentra esta semana de guardia, acordó de oficio abrir esta investigación, que por el momento se mantendrá secreta durante un mes, aunque podrá ser prorrogado. Al acordar la apertura de su investigación, requirió al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica la elaboración de sendos informes para que indicasen la o las causas que motivaron el apagón, y a la Comisaría de Información de la Policía Nacional que remitiese un informe preliminar sobre los hechos acontecidos.

En el auto de apertura explicó que el incidente, ocurrido sobre las 12:30 horas del lunes, afectó "a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transporte", lo que supuso "una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos".

Asimismo, aludió al artículo 573 del Código Penal, por el que los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.

A la espera del resultado de esta investigación, por el momento, Red Eléctrica ha descartado que el apagón haya sido motivado por un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones y apunta a dos pérdidas de generación independientes previas al corte de suministro.

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