Tres testigos aseguran que los siete acusados de Aroztegia formaban parte de un "grupo organizado"

El juicio por la paralización de las obras de Aroztegia (Lekaroz, Baztan, Navarra) ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Navarra (APNA), después de que los dos intentos de acuerdo entre las partes fracasaran.

Siete vecinos y vecinas de Baztan — entre ellas la exalcaldesa de Baztan, Garbiñe Elizegi— se sientan en el banquillo de los acusados por participar en abril de 2021 en una protesta contra las obras del proyecto urbanístico de lujo que estaba previsto construirse en el pequeño pueblo de Lekaroz. Hoy, todos y todas han recibido el apoyo de decenas de personas que se han concentrado frente a la sede de la APNA para reclamar la absolución.

Según el miembro del comité de apoyo a los encausados Oiher Urrutia, no es un juicio contra siete personas, sino que se está enjuiciando la "voz de todo un pueblo". Se ha mostrado desconfiado con la Justicia.  

En esta primera sesión ha declarado en calidad de testigos dos guardias civiles y uno de los socios del proyecto urbanístico, quienes han acusado a los encausados de formar un "grupo organizado" y de emplear amenazas o violencia para impedir la ejecución del proyecto. Sin embargo, solo han podido identificar a una de las siete personas acusadas —la exalcaldesa de Bazta, Garbiñe Elizegi— y han coincidido en resaltar el protagonismo de esta persona a la que han señalado como la "jefa" del grupo. En todo caso, en respuesta a las preguntas de la defensa han asegurado que no saben euskera por lo que no entendían lo que decía Elizegi.

20 años de cárcel y 56 000 euros

Según el proyecto inicial, la empresa Palacio de Arozteguia SM construiría 200 viviendas de lujo, un campo de golf y un hotel de cuatro estrellas en los antiguos terrenos del Palacio Aroztegia. La protesta tenía como objetivo la paralización de las obras a través de un "acto de desobediencia civil".

La empresa Palacio de Arozteguia SM acudió a los tribunales, y demandó a los siete baztandarras, quienes se enfrentan a una pena total de 20 años de cárcel y 56 000 euros de multa acusados de los delitos de coacción y coacciones y formación de grupo criminal.

La Fiscalía ha intentado mediar en un acuerdo entre las partes que evitara el juicio oral, aunque la negociación no ha fructificado. Según ha explicado hoy el comité de solidaridad, la empresa se ha mostrado dispuesta a retirar la acusación de grupo criminal, aunque se ha negado a retirar la de responsabilidad civil. Según el comité, esta es la "única vía para que la empresa pueda recibir las indemnizaciones de 43 millones de euros" que ha solicitado a las instituciones navarras y españolas. 

Los encausados aseguran que abogaban por "un acuerdo razonable" —admiten haber participado en el acto de desobediencia civil—, pero insisten en que no quieren arriesgarse "a un castigo económico de por vida, menos por algo que no hemos hecho".

Aroztegiko Elkartasun Komitea ha convocado una serie de movilizaciones para mostrar su solidaridad a los encausados y denunciar lo ocurrido.