MEMORIA HISTÓRICA
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Giza Eskubideen Behatokia impulsa una querella por la emboscada de Asturiaga de 1974

GEBehatokia ha anunciado la presentación de una querella por la muerte de Roque Méndez Villada y José Luis Mondragón Elorza, abatidos en una operación policial franquista en Hondarribia en 1974.

Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) ha anunciado la presentación de una querella por la muerte de Roque Méndez Villada y José Luis Mondragón Elorza, abatidos en una operación policial franquista en Hondarribia. El Gobierno español ha reconocido recientemente a Méndez como víctima del franquismo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El 20 de mayo de 1974, una emboscada policial en la playa de Asturiaga, en Hondarribia, terminó con la vida de los jóvenes Roque Méndez Villada y José Luis Mondragón Elorza. Procedían de Donibane Lohitzune en una lancha en la que también viajaba José Luis Arrondo, alias Cocoliso, que resultó ileso. La organización GEBehatokia considera que el caso recuerda a las ejecuciones extrajudiciales de la bahía de Pasaia en 1984.

La causa abierta entonces por la justicia militar franquista atribuyó la responsabilidad a los dos jóvenes fallecidos, mientras que los agentes implicados quedaron exentos de investigación. Cincuenta años después, la asociación ha llevado el caso a los tribunales reclamando que se identifique y procese a los responsables de lo que califica como un crimen de lesa humanidad.

En diciembre de 2023, el Gobierno Vasco reconoció a Méndez como víctima del Estado al amparo de la Ley 12/2016. Más recientemente, en junio de 2025, la familia del joven recibió del Gobierno español un documento de reparación que declara ilegítimos los tribunales franquistas y nulas sus sentencias.

La asociación subraya que estos reconocimientos tienen un valor moral y político, pero insiste en que la justicia sigue sin depurar responsabilidades penales. En este contexto, recuerda que organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han instado a España a garantizar que los crímenes de la dictadura no queden amparados por la amnistía ni la prescripción.

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