COSTA LABORTANA
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Investigada la Mancomunidad de Iparralde por verter aguas residuales al mar

La investigación afecta a Biarritz, Bidarte, Getaria, San Juan de Luz, Urruña y Hendaia. Un informe técnico concluye que sus depuradoras no están preparadas para la alta afluencia turística, provocando que las aguas residuales acaben en el mar sin depurar, sobre todo durante fuertes lluvias.

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Una foto de archivo de EITB

Un juez instructor de Baiona ha procesado a la Mancomunidad de Iparralde y a la empresa gestora Suez por verter aguas residuales sin depurar y de manera ilegal al mar en los seis principales municipios de la costa labortana: Biarritz, Bidarte, Getaria, San Juan de Luz, Urruña y Hendaia.

Ambas entidades son clave en la gestión del agua en Iparralde. La Mancomunidad de Iparralde (CAPB) es la institución pública responsable de garantizar el saneamiento en sus 158 municipios, mientras que Suez es la multinacional que la administración contrató para gestionar directamente las depuradoras de la costa costera.

Según informa el diario Sud Ouest, la investigación judicial abierta para esclarecer las deficiencias del tratamiento de aguas ha concluido que los residuos proceden directamente de los sistemas de saneamiento de estos seis municipios. 

El informe señala que el problema radica en las infraestructuras: al tratarse de zonas de gran afluencia turística, las redes de saneamiento no están adaptadas a tanta carga. Esto provoca que las aguas sin tratar acaben en el mar, sobre todo cuando se producen lluvias intensas y el sistema se desborda.

Denuncia

Para conocer las raíces de este asunto hay que remontarse a 2021, año en el que el Colectivo de Asociaciones por el Medio Ambiente (CADE) y la Comisión Interdistrital de Pesca interpusieron una denuncia. Posteriormente, surfistas y ciudadanos particulares se sumaron a las quejas.

Las diligencias judiciales derivadas de estas denuncias han quedado en manos de organismos especializados franceses: la Oficina Central de Lucha contra los Atentados al Medio Ambiente y a la Salud Pública (OCLAESP), la Oficina de la Biodiversidad de Francia (OFB) y la Policía Judicial de Bayona trabajan conjuntamente para esclarecer el caso.

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