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La presión policial deja a ETA ante su máxima debilidad

El fin del proceso anterior ha dejado un balance de cerca de dos centenares de detenciones de activistas y el descabezamiento hasta en seis ocasiones de sus cúpulas política y militar.
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ETA, más debil que nunca por la presión policial

La presión que los diferentes cuerpos policiales han ejercido desde el final del último alto el fuego de ETA en junio de 2007 han llevado a la organización a un escenario de máxima debilidad, probablemente uno de los peores momentos de sus 50 años de historia. El fin del proceso anterior ha dejado un balance de cerca de dos centenares de detenciones de activistas, el descabezamiento hasta en seis ocasiones de sus cúpulas política y militar, la desarticulación de su red de zulos y la neutralización de los intentos de situar bases operativas en Portugal y Cataluña.

El 21 de mayo de 2008 la Guardia Civil y la Gendarmería francesa detuvieron a cuatro miembros de ETA en las cercanías de Burdeos. Entre ellos figuraba Francisco Javier López Peña, alias Thierry, considerado el responsable político de la organización. Su detención sirvió para conocer las serias desavenencias que su sector había mantenido con el encabezado por Garikoitz Aspiazu, Txeroki, durante la gestión del proceso de negociación con el Gobierno español.

Precisamente, Txeroki cayó en manos de la policía cinco meses después, el 17 de noviembre, en una operación desarrollada en la región pirenaica de Cauterets. Las fuerzas de seguridad españolas estaban convencidas de haber dado con el número uno de la banda. Menos de un mes tardó su sucesor, Aitzol Iriondo, en ser detenido: el 8 de diciembre era arrestado en Gerde, en el Sureste francés. La presión contra el máximo nivel de la dirección de ETA no acabó ahí: el 18 de abril de 2009, cinco meses después de la captura de Iriondo, la policía lograba detener a Jurdan Martitegi Lizaso cerca de Perpiñan. Antes de terminar 2009, otros dos miembros destacados de los aparatos militar y político terminan su andadura: Asier Borrero, detenido en julio, y Aitor Elizarán, capturado el 19 de octubre en Bretaña) y a quien el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, situó como “jefe del aparato político y responsable de dar instrucciones a ETA y a la izquierda abertzale”.

El círculo se cierra con la caída en Normandía el 28 de febrero de este mismo año de Ibon Gogeaskoetxea, a quien la policía consideraba máximo responsable de la rama militar.

El primer semestre de 2010 ha sido especialmente duro para la estructura de la banda. Son cerca de treinta los miembros de ETA que han sido detenidos, al tiempo que se les han incautado 2.000 kilos de explosivo. Entre los golpes recibidos, destaca la desarticulación por parte de la Ertzaintza de un talde ubicado en Ondarroa al que se le responsabilizó de varios atentados, entre ellos el cometido contra la comisaría que la policía vasca tiene en esa misma localidad; o la detención el 13 de febrero entre Asteasu y Villabona de Ibon Beobide, quien, según la Policía, trataba de activar un comando de legales en Gipuzkoa y Bizkaia y cuya caída trajo una cadena de detenciones. A ello hay que unir tres detenciones más en Cataluña, donde según sospechan las fuerzas de seguridad, ETA estaría intentando abrir una delegación.

Más evidente ha resultado el intento frustrado de la organización de instalar una de sus bases logísticas en Portugal. La detención cerca de la frontera lusa el 10 de enero tras una espectacular huida en una patrulla robada de la Guardia Civil de dos miembros de ETA levantó la sospecha, que se vio confirmada poco después con la localización el 5 de febrero de un piso franco con 1.500 kilos de material explosivo en la localidad portuguesa de Obidos.

La infraestructura de almacenaje de armamento también ha resultado seriamente afectada durante el último año: en agosto pasado la policía localizó en Francia la red de zulos de la organización en los que se aprehendieron de numeroso material.

El 20 de mayo, la gendarmería francesa en colaboración con la Guardia Civil arrestó a Mikel Karrera Sarobe, supuesto jefe del aparato militar, junto a Arkaitz Agirregabiria, Maite Aranalde y Eñaut Aramendi, en una operación que el ministro del Interior español calificó como “más importante que la caída de Txeroki”.

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