El Gobierno rechaza indultos generales a presos de ETA
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expresado el rechazo del Gobierno a promover indultos generales de presos de ETA y ha recalcado que la política penitenciaria hacia este colectivo se basará en medidas individualizadas.
Gallardón ha presidido la toma de posesión Carlos Urquijo como nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, en un acto al que han asistido la presidenta Parlamento Vasco, Arantza Quiroga; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra; los consejeros vascos de Interior y Justicia, Rodolfo Ares e Idoia Mendia; el diputado general de Álava, Javier de Andrés, y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, entre otros.
En su discurso, el ministro de Justicia ha explicado que la política penitenciaria que va a mantener el Gobierno de España se va a basar en el "principio de la legalidad" que establece que cualquier medida que se tome respecto a los presos tenga carácter individual.
Ha recordado, en este sentido, que la Constitución prohíbe los indultos generales y, por ello, "excluye la figura legal de la amnistía".
Gallardón ha destacado asimismo que la política para los presos de ETA se va a basar en las medidas legales a partir de la "petición de perdón y del ánimo de reparación a las víctimas".
El ministro de Justicia ha recordado que Urquijo ya desempeñó el cargo de delegado del Gobierno en 2004, en circunstancias "diferentes" a las de ahora, en referencia a ETA.
"La diferencia consiste en que la firmeza del Estado de Derecho y la sociedad vasca y española han forzado el desestimiento de los crímenes, esperemos que de modo definitivo, de aquellos que trataban de imponer su modelo totalitario", ha dicho.
Ahora, ha proseguido Ruiz-Gallardón, es preciso que al cese de lo que no ha sido más que una "violencia gratuita, cruel y unilateral, le suceda la disolución de las estructuras (de ETA), su desarme total y la entrega de cuantos medios puedan estar aún al servicio de quienes han tratado de esclavizar a los vascos y de amedrentar a todos los españoles".
El ministro ha destacado que hasta entonces los poderes públicos y la sociedad en su conjunto deben estar "vigilantes" para evitar que los recursos y mecanismos de la democracia "sean empleados en su contra" por parte de quienes han amparado o apoyado la violencia.
"Resulta vital para la salud de la sociedad que se impida la perversión de que el sufrimiento y el sacrificio de tantos inocentes sea falsificado por quienes intentan ahora reescribir la historia equiparando a víctimas y verdugos", ha sentenciado.
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