Seis meses del cese definitivo de ETA

Hoy hace seis meses que ETA anunció el "cese definitivo" de su "actividad armada", una decisión que está cumpliendo, mientras el Gobierno se mantiene firme en no hablar ni con la organización terrorista ni con la izquierda abertzale.

El 20 de octubre del año pasado ETA declaró el cese de su actividad violenta y, efectivamente, los atentados y las extorsiones han cesado, aunque ha habido casos aislados de la violencia callejera, con ataques a contenedores y quema de cajeros.

El Gobierno del PP se ha mantenido firme y, según sus responsables, no ha tenido contacto alguno con ETA, por lo que ha insistido en su posición de no dar ningún paso hasta que ETA anuncie su disolución.

En la misma línea, el PP del País Vasco se ha negado a dialogar con la izquierda abertzale hasta que no condene la violencia.

Política penitenciaria

Entre tanto, la izquierda abertzale han centrado sus esfuerzos en la situación de los 700 presos de ETA. La izquierda abertzale exige una solución colectiva para los presos y pide la no aplicación "de las medidas de excepción que vulneran derechos fundamentales" de las personas encarceladas.

En este sentido exige, entre otras cosas, la derogación de la llamada 'doctrina Parot', la liberación de los presos gravemente enfermos y el fin de la política de dispersión. La asociación que agrupa a los familiares de los presos, Etxerat, reunió en enero de 2012 a más de 100.000 personas en Bilbao en defensa de los derechos de los presos.

No obstante, el Gobierno de Mariano Rajoy mantiene sin cambios la política penitenciaria. Tan solo se ha aceptado tácitamente la llamada 'vía Nanclares', seguida por una veintena de reclusos de ETA internos en esta cárcel alavesa, que incluye el arrepentimiento y la petición de perdón a las víctimas, algo que no acepta el conjunto del colectivo de presos.

El pasado día 13 de abril el colectivo de presos dio a conocer que había hecho un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para "abrir un diálogo" y abordar su situación de forma directa.

Las asociaciones de víctimas, entre ellas la mayoritaria AVT, ya han subraya más de una vez que no aceptarán ninguna medida que pueda beneficiar la situación que viven los presos.

Es la política a seguir con los presos la que ha llevado a discrepancias entre los partidos: aunque PNV y PSE también han reiterado a ETA que es impensable una amnistía, los dos están a favor de flexibilizar la política con los reclusos de ETA y acercarles al País Vasco.

Pasos en el terreno judicial

Así las cosas, hasta ahora, y en los próximos meses, parece que los únicos movimientos han venido y vendrán desde los tribunales: el Constitucional ha avalado la 'doctrina Parot', que obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas impuestas y no del máximo de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, quedan pendientes dos decisiones de gran calado: una, la ratificación o no por el Tribunal Supremo de la condena a Arnaldo Otegi, que conllevará su permanencia en prisión o su puesta en libertad, y otra, la del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de Sortu, el partido creado por la izquierda abertzale que fue ilegalizado por el Supremo.