El TC niega el amparo a un joven de Segi que había denunciado torturas
El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado en contra de los intereses de un joven de Segi que estimaba que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse investigado suficientemente un delito de torturas que aseguró haber sufrido tras su detención en 2010.
La Sala Segunda del Constitucional deniega el amparo solicitado por Aritz Petralanda, un joven que fue arrestado el 24 de noviembre de 2010, en el marco de una operación contra Segi.
La resolución, con fecha del pasado 28 de enero, ha contado con los votos discrepantes de dos de los seis magistrados de la Sala, que han argumentado que tras la denuncia de torturas, ni el juzgado de instrucción ni la Audiencia de Bizkaia realizaron "una investigación judicial eficaz", ya que archivaron las diligencias sin haber agotado "los medios razonablemente disponibles para despejar las posibles dudas al respecto".
Tres meses después de su arresto, Petralanda denunció haber sido amenazado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que le custodiaban durante su estancia en la comisaría de Bilbao y también después de ser trasladado a la Audiencia Nacional en Madrid.
El joven pidió que se aportaban como pruebas de cargo las grabaciones que registraron las cámaras de la comisaría durante el tiempo que estuvo incomunicado, si bien la Policía Nacional informó al juzgado de que no existían tales grabaciones.
En enero de 2011, presentó un recurso de amparo al TC contra el auto de la Audiencia Provincial que desestimaba la práctica de torturas, malos tratos y amenazas por parte de los agentes.
Después de la admisión a trámite del recurso en el TC, el Ministerio Fiscal analizó los hechos y concluyó que tras el arresto, se originó "un ambiente o clima de intimidación e inseguridad, explícita o implícita" que incrementó "la vulnerabilidad del denunciante, que se encontraba detenido e incomunicado, debilitando su resistencia y voluntad a la hora de efectuar una declaración".
La Sala ha constado que "en los informes médicos no se reflejan indicios de maltrato físico ni psíquico". El TC ha entendido que "no concurre el presupuesto del deber de profundizar en la investigación" y deniega el amparo a Petralanda.
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