'Doctrina Parot': Estrasburgo tardará meses en dictar la sentencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha escuchado esta mañana a las partes en una audiencia única sobre la "doctrina Parot", tras lo cual deberá decidir si la tumba o la mantiene. Se espera que esta alta instancia judicial emita ahora su decisión, que será inapelable, en unos meses.

En concreto, Estrasburgo tendrá que reexaminar la sentencia dictada contra España por aplicar la "doctrina Parot" a la miembro de ETA Inés del Río.

El Gobierno español había solicitado la revisión del caso después de que el 10 de julio de 2012 la Sala Tercera de la Corte europea condenara por unanimidad al país y declarara "irregular" la aplicación de esa doctrina.

La citada sentencia, que incluyó una indemnización de 30.000 euros por daños morales a Del Río, solo hacía referencia a esa presa de ETA, pero meses después una treintena de presos de ETA afectados por esa práctica demandaron a España ante la Corte europea.

Si Estrasburgo tumbase definitivamente la doctrina Parot, 54 presos de ETA a los que se les retrasó en años su salida de la cárcel quedarían en libertad.

Alegaciones de las partes

Durante la sesión de hoy, uno de los abogados de Inés del Río, Mark Muller, ha señalado ante los 17 magistrados de la Gran Sala que la decisión de aplicar la doctrina Parot viola dos artículos del tratado europeo de derechos humanos, porque se alargó de forma retroactiva una pena ya comunicada.

Asimismo, citando al que fuera presidente de EE. UU. Thomas Jefferson, ha explicado que es menos lesivo dejar libre a una persona antes que aplicarle una ley errónea.

Por su parte, el abogado del Estado Isaac Salama ha dicho que "un asesinato no es igual que 132", y asegurado que en el caso de Inés del Rio "no se ha prolongado ni un solo día la pena impuesta a la demandante" ni tampoco "el límite" de cumplimiento de la pena, de un máximo de 30 años.

Declaraciones después de la vista

Una vez terminada la vista, las asociaciones de víctimas del terrorismo y los abogados de Inés del Río, han expresado su optimismo sobre la decisión de los magistrados.

"Salgo más esperanzada que cuando he llegado", ha dicho la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, quien ha calificado de "brillante" la intervención de Isaac Salama.

Pedraza ha acudido acompañada a la vista de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, y del presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero.

Los tres representantes de las víctimas han entregado en el Tribunal de Estrasburgo las 10.000 firmas recogidas en España a favor de la aplicación de la "doctrina Parot".

Didier Rouget, uno de los abogados de la miembro de ETA que presentó la demanda en 2009, se ha mostrado optimista ante el fallo que en unos meses emitirá la Gran Sala de la Corte Europea, después de que la sentencia de Sala fallara el pasado mes de julio a su favor.

Su compañera en la defensa Amaia Izko, ha asegurado que estaba en juego la aplicación de los derechos humanos y "la calidad del estado español, que retuerce las leyes para conseguir objetivos políticos castigando a las presas y presos vascos".

El diputado de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Oskar Matute, ha señalado que el Gobierno interpreta la política y la justicia "como una extensión de la política bélica y de ahí la arbitrariedad de la doctrina Parot".

Qué es la doctrina Parot

La doctrina Parot se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006, por el que "la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves" y los beneficios penitenciarios se aplicarán individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente, hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel.

El fallo de Estrasburgo consideró en julio que esa doctrina "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a las personas condenadas bajo el antiguo código penal de 1973", y recordóque el Convenio Europeo de Derechos Humanos "prohíbe que el derecho penal se interprete de forma extensiva en detrimento del acusado".

Del Río (Tafalla, 1958) fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, la mayoría de ellos por participar en 1986 en el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que fallecieron 14 agentes de la Benemérita.

Pero tras la aplicación de la "doctrina Parot", su puesta en libertad, prevista en 2008, fue ampliada a 2017, lo que hizo que recurriera a Estrasburgo en agosto de 2009, y que esa Corte le dierala razón tres años más tarde.