El juicio por el asesinato de Puelles queda visto para sentencia

La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé ha elevado a definitiva su petición de 45 años de cárcel para los miembros del  'comando Otazua' de ETA, Iñigo Zapiraín, Beatriz Etxebarría y Daniel Pastor, presuntos autores del asesinato con bomba-lapa, en junio de 2009, del  inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, al entender que  "existe prueba bastante"  y que "han quedado probados los hechos", según informa Europa Press. El juicio ha quedado visto para sentencia.

En la segunda sesión del juicio por el asesinato de Puelles, Noé  ha mantenido su solicitud para que los tres miembros de ETA sean condenados a 45 años de cárcel por la comisión de un delito consumado de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  Estado y un delito de estragos terroristas, así como la prohibición  de residir en Bilbao durante un periodo de diez años una vez que haya finalizado su condena.

La acusación

En su alegato final, la fiscal ha recordado que en agosto de 2009 ETA "reivindica" la autoría del atentado que acabó con la vida de Puelles y ha insistido que "existe prueba" para mantener su petición de condena. En este sentido, ha apelado a las declaraciones policiales, "largas, porque no se ciñeron a este hecho", de los acusados Iñigo Zapiraín y Beatriz Etxebarría.

Así, ha detallado que ambos explicaron que Daniel Pastor era el encargado de identificar las matriculas de los vehículos próximos a  la comisaría en la que estaba destinado Puelles, que llevaron a cabo  un "primer intento fallido" de atentado y que tuvieron "problemas" en  la ejecución del segundo.

Noé ha precisado que en dependencias policiales Etxebarría realizó un "croquis explicativo" del lugar  del atentado "voluntariamente". Por su parte, Zapiraín aportó datos sobre la composición y la colocación del explosivo, así como la  confirmación de la utilización de bridas.

La abogada de la acusación particular, María Ponte, ha solicitado  una sentencia condenatoria para los acusados y ha esgrimido que en  "ningún momento" han negado haber participado en el atentado y que  sólo se han limitado a denunciar malos tratos.

La representación del Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha suscrito todos los argumentos de la Fiscalía  y ha dicho que la denuncia de torturas forma parte del "manual de ETA". según señala Europa Press.

Por su parte, la letrada de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) ha considerado que han quedado "perfectamente" acreditados los hechos y la "participación directa, libre y voluntaria" de los acusados en el atentado contra Puelles. "Hacer nuestros cada uno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal", ha recalcado.

La defensa

La abogada defensora de Zapiraín y Etxebarría ha pedido la libre  absolución y ha alegado que "con la prueba practicada en el juicio oral no ha quedado acreditada la participación" de sus defendidos en los hechos y ha afirmado que las declaraciones deben ser "eliminadas" del acerbo probatorio porque han sido obtenidas "bajo malos tratos y torturas". "Hubo una absoluta falta de control jurisdiccional durante la detención", ha aseverado.

También, la letrada defensora de Daniel Pastor considera que "no ha sido acreditada"  la participación de su defendido en los hechos y ha señalado que las pruebas contra él son "declaraciones realizadas por co-imputados", en las que hay "riesgo real" de que fueran realizadas "bajo tortura".

Así, ha alegado que las "anotaciones" atribuidas a Pastor no se refieren "a los hechos que se enjuician". "Esta defensa no cuestiona la pertenencia" de Pastor a ETA, sino que "no ha sido acreditada" su participación en los hechos.

En relación con la responsabilidad civil de los tres procesados,  la representante del Ministerio Público también ha sostenido su  petición de que los tres miembros del 'comando Otazua' indemnicen  conjunta y solidariamente a la viuda de Puelles, Francisca Hernández  y Sotelo, con 200.000 euros y a cada uno de sus hijos con 150.000 euros.

Las pruebas periciales

Por otra parte, los peritos llamados a declarar ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Alfonso Guevara, en esta segunda jornada de juicio, han explicado que pudieron identificar el cuerpo de Puelles gracias a la "coincidencia total" entre los molares que ellos extrajeron y una pieza dental perteneciente al inspector que se les facilitó.

Asimismo, han declarado que Puelles se encontraba "en el puesto de conducción" del vehículo en el momento de la explosión y que falleció por un "shock, consecuencia de las quemaduras" provocadas por un "artefacto incendiario adosado al vehículo". También, han agregado que la autopsia reveló presencia de "humo" en los pulmones y las vías respiratorias del inspector, lo que les condujo a sostener que Puelles sobrevivió al momento de la explosión, pues "había estado respirando".

Por último, los peritos médicos forenses del Instituto Vasco de  Medicina Legal y también el adscrito a la Audiencia Nacional han  ratificado sus informes y han testificado que no se produjeron malos  tratos por parte de la Policía.