Amaiur veta exigir a miembros de ETA pedir perdón para cobrar ayudas
Amaiur ha impedido este jueves que el Congreso de los Diputados saque adelante una moción de UPyD que instaba al Gobierno a modificar la actual legislación para impedir que los miembros de ETA excarcelados por la derogación de la doctrina Parot cobren ayudas si no se arrepienten.
Esta petición venía recogida en la enmienda transaccional pactada entre PP y UPyD en el debate de ayer, pero no ha sido incorporada en la votación final debido a que Amaiur la ha frenado acogiéndose al reglamento de la Cámara. Finalmente, se ha votado el texto original de UPyD, que tampoco ha salido adelante al oponerse los populares.
Xabier Mikel Errekondo, diputado de Amaiur, ha señalado, en declaraciones a los medios, que su grupo ha impedido la votación de la transaccional debido a que se enmarca "dentro de una lucha enconada del PP y UPyD por ese sector que representa a las víctimas para beneficio partidista desde la venganza y sin aportar nada en positivo".
La líder de UPyD, Rosa Díez, por su parte, ha calificado de "impresentable" que el grupo parlamentario popular haya cedido al chantaje de Amaiur al votar en contra de la moción.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha lamentado el resultado final de la votación y ha mantenido la "voluntad del Gobierno" de adoptar medidas para revisar la concesión de esos subsidios.
UPyD presenta después una proposición
Apenas dos horas después de que Amaiur impidiese que el Congreso sacara adelante la moción, UPyD ha registrado en el Congreso una proposición no de ley cuyo texto es el mismo que había pactado con el PP.
En esta nueva propuesta piden modificar la actual legislación para que los miembros de ETA excarcelados por la anulación de la doctrina Parot no puedan recibir ayudas estatales, salvo que cumplan determinados requisitos.
Entre estos figura la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos, la colaboración con la justicia y el pago de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de responsabilidad civil.
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