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Los vigilantes privados podrán cachear y detener en la vía pública

El proyecto del Gobierno español cuenta con el apoyo del PNV y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural. Los detenidos deberán ser puestos en manos de las FSE inmediatamente.
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz. Foto: Efe

El Congreso de los Diputados de Madrid, con el apoyo del PNV, ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Seguridad Privada, que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública.

Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el primer borrador de la ley, el texto ha sido debatido hoy en la Comisión de Interior del Congreso con competencia legislativa plena y será remitido al Senado.

Tras la incorporación de más de setenta enmiendas, el proyecto cuenta con el favor de PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante "ruptura" de la concepción de la seguridad pública atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.

Desde el PSOE, su portavoz de Interior, Antonio Trevín, ha mostrado su preocupación por el notable incremento de competencias de los vigilantes privados.

Dónde y cómo

Así, el ámbito donde pueden ejercer sus funciones de vigilancia son los polígonos industriales, las urbanizaciones, las zonas comerciales peatonales y los acontecimientos deportivos, culturales u otros que se desarrollen en vías o espacios públicos.

Por otro lado, la nueva norma permitirá a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.

De todos modos, si proceden a esas detenciones, inmediatamente deben poner a los arrestados a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado.

Competencia sobre empresas de seguridad

Satisfechos con la ley se han mostrado PNV y CiU, después de que este último pactara con el PP que tanto Cataluña como la CAV tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus territorios.

"La interacción de los intereses de todos es completa", ha asegurado el diputado del PNV Emilio Olabarria, para quien la ley "es buena pero mejorable".

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