Euskadi pide no retroceder en el reconocimiento de víctimas políticas

La directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha mostrado su esperanza de que las víctimas de violencia de motivación política entre 1960 y 1978 no sufran un "paso atrás" en el reconocimiento a su derecho a la verdad, justicia y reparación.

Hernando ha comparecido en el Parlamento Vasco junto con vocales de la Comisión de Valoración que se encarga de analizar las solicitudes presentadas al amparo del decreto de víctimas de violación de los derechos humanos y sufrimientos injustos por la violencia de motivación política entre 1960 y 1978. El decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 19 de junio de 2012, contempla indemnizaciones que van desde los 35.000 euros hasta los 390.000 euros, para los casos de gran invalidez.

El decreto considera violencia de motivación política la que fue ejercida por funcionarios policiales contra el ejercicio de los derechos de las personas, la que se dio con intención de influir en la sociedad y la que se llevó a cabo en un contexto de impunidad. Quedan excluidos del mismo las personas que se vieron afectadas cuando realizaban actividades terroristas. Sin embargo, Ángel Otaegi y Juan Paredes "Txiki", los miembros de ETA muertos en los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, fueron las dos primeras víctimas reconocidas por el Gobierno Vasco en función de este decreto, aprobado la legislatura pasada, con el gobierno del socialista Patxi López. Otras víctimas reconocidas, y conocidas públicamente, son personas muertas por disparos de la policía o la Guardia Civil.

Ya con Iñigo Urkullu como lehendakari, el Gobierno Vasco reformó el decreto en lo referente a las indemnizaciones por lesiones e invalidez, lo que ha sido recurrido por la Abogacía del Estado, que sostiene que estos cambios vulneran la Ley de Memoria Histórica, en la que se establecen medidas de compensación hacia las personas que fueron perseguidas o atacadas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Monika Hernando ha explicado que este recurso de la Abogacía del Estado no suspende el trabajo de la comisión y que lo va a seguir desarrollando con "absoluta transparencia". La directora del Gobierno Vasco y presidenta de la Comisión de Valoración ha dado a conocer que hasta ahora se han resuelto 63 expedientes, de los cuales 56 han sido estimados, que son los que se podrían ver afectadas por los recursos.

De los casos aprobados, ya se han pagado las indemnizaciones a treinta personas. El ex defensor del pueblo y primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles, también vocal de la Comisión de Valoración, ha pedido que se deje a este organismo "terminar su trabajo, que lo desarrollará con transparencia y responsabilidad para resolver los casos de personas que esperan justicia". Gil Robles ha puesto en valor que todos los casos tratados por la Comisión han sido resueltos desde la unanimidad de sus miembros.