Caso Gürtel
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La AN confirma que el PP pudo lucrarse con la trama Gürtel

La Audiencia Nacional ha rechazado levantar al PP su imputación en el caso como responsable civil.
El extesorero del PP Luis Bárcenas, uno de los principales imputados en el caso Gürtel. EiTB
El extesorero del PP Luis Bárcenas, uno de los principales imputados en el caso Gürtel. EiTB

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado levantar al PP su imputación en el caso Gürtel como responsable civil, ya que considera que pudo beneficiarse de las comisiones que cobraron alcaldes miembros la trama y que "tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios".

En un auto, la sección cuarta rechaza el recurso del PP contra la decisión el juez Pablo Ruz de considerarle "partícipe a título lucrativo" en Gürtel, ya que "existen indicios" de que "se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propias de dicha formación política, la cual tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios, pues repercutió en su propio peculio".

En concreto, el PP pudo beneficiarse de 236.864 euros procedentes de comisiones de la trama Gürtel que cobraron los exalcaldes populares de Majadahonda y de Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente, dinero que benefició a la formación porque, según la sala, el partido se lo "ahorró" como gasto de las campañas electorales de esos municipios.

Ruz imputó al partido esta condición cuando abrió una pieza separada para facilitar el futuro enjuiciamiento de 45 imputados en esta causa, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas, por hechos de la primera época de la red (1999-2005).

El PP recurrió esta decisión porque consideraba que no hay indicios para establecer "un nexo causal entre las actuaciones ilícitas presuntamente realizadas por los imputados y el supuesto beneficio ilícito del partido", lo cual rechaza ahora la sala.

El partido también alegó que todos sus gastos están contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, por lo que no es posible que hubiera recibido dinero de los alcaldes populares, un argumento que la sala también rechaza porque, según afirma, es "preferente e ilimitada" la jurisdicción penal para averiguar conductas delictivas y sus consecuencias civiles.

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