El Supremo se pronuncia contra la acumulación de penas

El Supremo considera que la norma europea que prevé acumular penas cumplidas en los países de la UE no debe llevar a la excarcelación de presos vascos al descontarles las condenas cumplidas en Francia, al contrario de lo acordado por la Audiencia Nacional en el caso de Santi Potros, entre otros.

La mayoría de los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo (nueve frente a seis) se ha pronunciado esta mañana a favor de rechazar el recurso de Kepa Pikabea, es decir, que la aplicación de la normativa europea no debe llevar a la excarcelación de presos, decisión en la que han coincidido con lo solicitado por el fiscal.

Aunque el fallo del Supremo se ha referido al caso de un preso en concreto, establece también un criterio general sobre cómo debe aplicarse la citada norma europea en el Estado español.

Decenas de presos han pedido en la Audiencia Nacional que se revise su estancia en prisión teniendo en cuenta las penas que cumplieron en el Estado francés.

La Audiencia Nacional excarceló recientemente a Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, y Alberto Plazaola en aplicación de la interpretación que consideraron adecuado hacer de la citada normativa europea.

Aquella decisión de la Sección Primera de la Audiencia era contradictoria con el criterio de otras secciones del mismo tribunal, que negaron a otros presos su excarcelación.

El pleno de la Sala Penal del Supremo se ha reunido a partir de las 10:30 horas de hoy para unificar criterios a la luz del caso de Kepa Pikabea, pero con la misma cuestión como telón de fondo: si la citada norma europea debe llevar a descontar pena a determinados presos que hayan cumplido pena en el Estado francés.

Cabe recurso

La decisión final negando las excarcelaciones obligará a revisar las citadas excarcelaciones de los presos que han salido en libertad por orden de la Audiencia Nacional, aunque caben recursos ante los tribunales europeos por parte de los afectados.

Una minoría de los magistrados era partidaria de consultar el Tribunal de Luxemburgo para que dirimiera cómo se debe aplicar en el Estado español la citada decisión marco adoptada en 2008 por el Consejo de Europa.

La minoría de seis magistrados elaborará un voto particular conjunto contrario al fallo finalmente dictado por el Supremo. El recurso que Pikabea presentará previsiblemente ante el Tribunal de Estrasburgo contará con toda probabilidad con los argumentos expuestos por esta minoría disidente en su voto particular conjunto.

El Congreso aprobó en noviembre una ley orgánica para incluir la norma comunitaria en la legislación española. Esta ley orgánica 7/2014 limita la aplicación de la normativa europea, que trata sobre la acumulación de condenas cumplidas por españoles en otros países de la UE.

Afecta a 56 presos

La asociación de familiares de presos vascos, Etxerat, ha asegurado que el acuerdo adoptado hoy por el Tribunal Supremo, que ha calificado de "ilegal", afecta a 56 reclusos que "tienen cumplidas sus condenas en virtud al Acuerdo Marco Europeo".

Etxerat ha destacado que esta "última vuelta de tuerca" afecta a 56 reclusos, así como a sus familias, y ha considerado que "por encima de Europa, por encima de su legalidad, por encima de todo, han decidido mantenerlos en la cárcel, a pesar de que saben que esta medida es ilegal".

Ha afirmado que, tras conocer esta decisión del Supremo, la operación desarrollada ayer "cobra aún más sentido", ya que "sabían que iban a cometer un atropello, una aberración jurídica contra el derecho, contra Europa y contra sus leyes y, por eso, primero, han detenido a los abogados. Para que nadie pueda denunciarlo".

"En esta jugada maquiavélica, sabían que sin abogados los problemas para denunciar esta ilegalidad se multiplicarían. Estamos desnudos", ha agregado el colectivo de familiares de presos.

Ha criticado al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al Gobierno Vasco, al entender que no están haciendo "lo que deben", y se ha preguntado "dónde está su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos vascos".

Gobierno Vasco

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha criticado el fallo, porque va en contra de la reinserción de los presos, y ha opinado que probablemente será recurrido y rectificado por la justicia europea.

"Llama la atención la actitud resistente del Gobierno español cuyas reformas legislativas persiguen precisamente lo contrario: poner obstáculos y dificultades a dicho proceso de reinserción de las personas privadas de libertad", ha señalado el portavoz del Ejecutivo vasco.

EHBildu

Por su parte, EH Bildu opina que la decisión del Tribunal Supremo acabará igual que la llamada doctrina Parot, anulada por el Tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo.

En una comparecencia de prensa en Bilbao, el parlamentario Julen Arzuaga ha declarado que con esta decisión el Tribunal Supremo ha optado por "ponerse al servicio de la confrontación y del tensionamiento en vez de optar por la paz y la normalización política".

Arzuaga ha añadido que esta toma de decisiones deja claro que el Estado español busca "el perjuicio para el preso" dada la prolongación de su condena "de manera forzada".

Ahora, EHBildu tomará las decisiones "necesarias" para "impugnar las decisiones que se toman de un tribunal arbitrario y político", aunque sin concretar más los recursos que presentarán.

El PNV cree que la decisión "constituye un significativo paso atrás" que "ha podido estar condicionado por la presión política ejercida desde el Gobierno español".

Eusko Alkartasuna ha afirmado que el Estado español "incumple la legislación europea con el objetivo de obstaculizar la paz y la normalización de Euskal Herria".