La defensa pide anular toda la investigación del 'caso De Miguel'

El exdirigente del PNV de Araba y principal acusado de la presunta trama de corrupción que investiga un juzgado de Vitoria-Gasteiz, Alfredo de Miguel, ha pedido la nulidad de toda la instrucción desarrollada durante los últimos cinco años al considerar que ha sido "indiscriminada".

Alfredo de Miguel, que fue número dos del PNV alavés y diputado foral, está imputado porque, según la Fiscalía, lideró un entramado societario que tenía como fin presuntamente el cobro de comisiones ilegales y la obtención de contratos públicos de manera irregular.

Él y su mujer son dos de las 26 personas imputadas en este procedimiento, conocido como "caso De Miguel" precisamente por su apellido, y que están acusados de once delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y fraude.

El abogado defensor, Gonzalo Susaeta, pide la nulidad de todo lo instruido hasta ahora porque alega que se ha producido "una investigación indiscriminada, a la búsqueda de hechos sobre los que realizar 'a posteriori' una imputación", en lugar de ceñirse a comprobar los hechos que denunció inicialmente la Fiscalía.

Por ello entiende que se han vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva, a ser informado de la acusación, a la defensa y a la práctica de la prueba pertinente para la misma, así como a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, entre otros.

La defensa de Alfredo de Miguel recuerda que no se puede hacer una investigación global sobre la actividad de una persona para posteriormente, en virtud de lo averiguado, imputarle unos hechos, además sin comunicar a los encausados inmediatamente de lo que se les acusa.

Señala que, aunque inicialmente se ordena investigar a una única empresa, Kataia Consulting, supuesta matriz del entramado societario, finalmente acaban siendo investigadas hasta 25 sociedades.

El abogado defensor también argumenta que la Ertzaintza hizo una investigación "paralela" a la judicial, que excedía "de largo" lo autorizado por el juez.

El juzgado instructor y el tribunal provincial deberán ahora resolver estos recursos y, si los rechazan, la causa volverá al Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, que pedirá entonces a las partes que formulen escritos de acusación o reclamen el sobreseimiento del proceso.