Estrasburgo condena a España por no investigar un caso de torturas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar una denuncia de torturas de Jon Patxi Arratibel. Según el fallo, aprobado hoy por unanimidad, España infringe el tercer artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos.  Estrasburgo ha señalado que la investigación llevada a cabo en este caso "no se hizo a fondo ni fue efectiva" para cumplir con el citado artículo.

Arratibel fue detenido por la Guardia Civil en su domicilio de Etxarri-Aranatz en enero de 2011, acusado de formar parte de la organización Ekin. Tras permanecer varios días incomunicado, denunció haber sufrido torturas físicas y psicológicas.

Quedó en libertad un año y medio después. En su demanda, Arratibel señaló que denunció los hechos dos meses después de que sucedieran, pidió copias de los informes de los médicos forenses que le examinaron, las grabaciones de las cámaras de seguridad y una audición con los agentes que le custodiaron. Aseguró, entre otros, que fue obligado a hacer flexiones con los tobillos atados, fue desnudado con amenazas de colocación de electrodos en los testículos y su pene fue introducido en una botella de plástico llena de agua.

El juez de Instrucción número tres de Pamplona, la Audiencia Provincial de Navarra y el Tribunal Constitucional rechazaron los respectivos recursos de Arratibel, y el  Observatorio Vasco de Derechos Humanos Behatokia trasladó el caso a Estrasburgo que hoy ha condenado a España.

Una ausencia total de comunicación con el exterior exige, según la sentencia hecha pública hoy, "un esfuerzo más importante por parte de las autoridades nacionales para determinar los hechos denunciados". Así, señala que "una audición de los agentes encargados de la vigilancia durante su detención incomunicada hubiera podido contribuir al esclarecimiento de los hechos, en un sentido o en otro". La sentencia insiste en que la "situación de vulnerabilidad particular" de los detenidos incomunicados impone la aplicación rigurosa de medidas de vigilancia apropiadas para "evitar los abusos y proteger la integridad física de los detenidos".

No es la primera vez que Estrasburgo condena a España por hechos así. En octubre de 2014 España también fue condenada por Estrasburgo por no investigar los casos de tortura Beatriz Etxebarria y Oihan Ataun. En ese caso, el tribunal europeo señaló  que en ambos casos "las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar". Al igual que en el caso de Arratibel, el fallo fue aprobado por unanimidad.

La condena a España incluía una indemnización de 25.000 euros por daños morales y 4.000 por honorarios para Etxebarria, y  20.000  euros por daños morales y 4.000 euros por costes para Ataun.

Catalá: “Nos ayudan a mejorar nuestro sistema de garantías"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado en Bilbao que sentencias como la dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo "nos ayudan a mejorar y perfeccionar nuestro sistema de garantías".

El ministro de Justicia ha expresado su "máximo respeto" por esta sentencia y ha recordado que el caso fue visto primero por los tribunales españoles y "no se consideró en su momento que hubiese habido ninguna violación de los derechos fundamentales".

Ha mantenido que el Gobierno español "sigue trabajando para incorporar a nuestro Derecho más elementos de garantías procesales”.

Sortu: “Evidencia la actitud connivente del Estado”

Por su parte, Sortu ha señalado que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo "evidencia" la actitud "connivente" que el Estado español mantiene hacia la tortura.

La formación soberanista, que advierte de que "no será la última" sentencia en este sentido, considera que la tortura "no es un exceso policial" sino una "herramienta" que el Estado ha utilizado para el "control social y político".

En este sentido, ha apelado a la necesidad de constituir una "Comisión de la Verdad" porque las víctimas de tortura "deben ser sujeto de reconocimiento y reparación" y porque es necesario conocer "toda la verdad como antídoto" contra estas prácticas.