El Constitucional suspende la resolución independentista
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), reunido de urgencia, ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado este mismo miércoles por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del proceso indepentista.
La admisión del recurso conlleva automáticamente la suspensión cautelar de la declaración, mientras se estudia el fondo del asunto.
En su resolución, el Constitucional ha advertido a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos catalanes de que pueden incurrir en responsabilidad penal si incumplen la suspensión.
Este apercibimiento, que se adopta de forma inédita por el tribunal de garantías, había sido solicitado expresamente por el Gobierno español en el texto de su impugnación, en el que se pedía que esta providencia se notificara a un total de 21 altos cargos, apercibiera de las consecuencias incluso penales de ignorar esta decisión y añadiera la prohibición también expresa de que la Cámara autonómica pueda emprender iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
No obstante, el tribunal de garantías no acoge todas las peticiones del Gobierno, ya que en su providencia no hace mención a la aplicación por el momento del artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que incluye la posibilidad de suspender en sus cargos a quienes incumplan sus resoluciones.
Tampoco se menciona el delito concreto en el que Forcadell, Mas, y el resto de cargos advertidos podrían incurrir y que el recurso de la Abogacía del Estado concretaba como de desobediencia.
En su escrito, el Gobierno español dice que la resolución aprobada en el Parlament "viola con total evidencia" hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española, además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.
Rajoy, "satisfecho"
Tras conocerse la resoluciób del TC, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se ha mostrado "muy satisfecho" por la "rapidez" con que el pleno ha decidido admitir a trámite el recurso, según han informado fuentes de Moncloa.
"Esto demuestra la fortaleza de nuestras instituciones, la solidez de nuestra democracia y el imperio de la Ley en España", han indicado las fuentes.
La Generalitat dice que obedecerá al Parlament
Por su parte, la vicepresidenta del Govern y portavoz en funciones, Neus Munté, ha defendido que el Ejecutivo catalán actúa en "estricto cumplimiento" del Parlamento catalán "soberano" y ha acusado al Gobierno español de "utilizar" el Tribunal Constitucional para poner "una mordaza" a los "anhelos de libertad" de Cataluña.
"La voluntad es sacar adelante el contenido de la resolución. Los motivos son claros: es el mandato de un parlamento soberano", ha señalado.
Los 21 altos cargos catalanes apercibidos
(Foto: EFE)
En concreto, estos son los 21 altos cargos de Cataluña advertidos por el Tribunal Constitucional:
- La presidenta del Parlamento y de la Mesa, Carme Forcadell
- El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas
- El vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas
- El vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra
- La secretaria primera, Anna Simó
- El secretario segundo, David Pérez
- El secretario tercero, Joan Josep Nuet
- La secretaria cuarta, Ramona Barrufet
- El secretario general del Parlamento, Pere Sol
- La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté
- El conseller de Presidencia, Francesc Homs
- El conseller de Gobernación y Relaciones Institucionales Meritxell Borrás
- El conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell
- La consellera de Enseñanza, Irene Rigau
- El conseller de Salud, Boi Ruiz
- El conseller de Interior, Jordi Jané
- El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila
- El conseller de Cultura, Ferran Mascarell
- El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta
- El conseller de Empleo y Ocupación, Felip Puig
- El conseller de Justicia, Germá Gordo
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