El Estado presenta el recurso contra la declaración independentista
La Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ha presentado pasadas las 12:00 horas de hoy en el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno español contra la resolución independentista del Parlamento de Cataluña, aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros ha celebrado esta mañana una reunión extraordinaria para culminar los trámites para recurrir ante el TC esa propuesta independentista, autorizando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que presentara ese recurso.
Después de que el Parlamento de Cataluña aprobase el lunes con los votos de los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP la declaración secesionista que pretende avanzar hacia una "república catalana", el Gobierno solicitó de inmediato el informe preceptivo del Consejo de Estado para recurrir al Tribunal Constitucional.
Ayer, esa institución avaló por unanimidad ese recurso al considerar que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para ello.
El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno se fundamenta en el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo podrá impugnar ante el TC las decisiones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas y que esta impugnación "producirá la suspensión" de la resolución recurrida.
Una vez presentado ese recurso, se reunirá el pleno del Tribunal que, con toda probabilidad, suspenderá la resolución del Parlamento catalán.
Mas y Forcadell pueden ser suspendidos
Asimismo, el Gobierno español ha pedido al Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que pueden ser suspendidos en sus funciones y perseguidos por desobediencia si incumplen sus mandatos.
El TC ha convocado para esta tarde a las 16.30 horas el pleno que estudiará esta impugnación, aprobada por el Consejo de Ministros en reunión extraordinaria, previo dictamen favorable del Consejo de Estado.
Y, si tal y como está previsto, el TC admite a trámite y suspende la resolución independentista, el Ejecutivo quiere que el alto tribunal notifique personalmente su providencia a Carme Forcadell y a Artur Mas, o a quien resulte elegido presidente de la Generalitat en el proceso de investidura que está en marcha en el Parlament catalán.
Además, que haga extensiva su advertencia a todos los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno catalán actuales o los que sean elegidos y que se les aperciba del posible delito de desobediencia de los mandatos judiciales en caso de incumplimiento.
Como es preceptivo, el TC tendrá que dar 20 días hábiles a la otra parte para presentar alegaciones contra su decisión, de modo que tendrán de plazo hasta prácticamente el ecuador de la campaña electoral de los comicios del 20 de diciembre.
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