Gobierno español recurre ley de víctimas de extrema derecha y Policía
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley navarra de reparación a las víctimas de actos violentos de motivación política de los grupos de extrema derecha y de los funcionarios públicos desde 1950.
El Ejecutivo en funciones ha impugnado la ley autonómica al considerar que vulnera, entre otras exigencias constitucionales, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y al principio constitucional de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
Se trata de una ley aprobada por el Parlamento Foral a finales de la pasada legislatura autonómica a iniciativa de I-E y a la que se opusieron el PP y UPN.
El objetivo de la norma es que las víctimas de la acción violenta de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos entre 1950 hasta hoy sean reconocidas como tales víctimas y, por tanto, beneficiadas de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral.
No cuestiona el reconocimiento, pero vulnera garantías esenciales
El recurso del Gobierno no cuestiona el reconocimiento y reparación integral de las víctimas, pero asegura que la ley vulnera las garantías esenciales de un Estado de Derecho, como la presunción de inocencia o el derecho a la tutela judicial efectiva.
En ese sentido, argumenta que la norma foral atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Reparación funciones relativas a la investigación de atentados, agresiones, torturas o cualquier otra vulneración de derechos humanos que la Constitución reserva a los jueces y tribunales.
A su juicio, ejerce "una especie de justicia paralela, que, además, obvia cualquier actividad judicial previa, por lo que supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia, al no preservar, en forma alguna, los derechos constitucionales que corresponden a cualquier ciudadano al que se le impute una actuación antijurídica".
Intento de acuerdo sin éxito
Argumenta el Gobierno que el hecho de que se declare que una persona es víctima implica la previa imputación del hecho delictivo, pero el procedimiento no prevé la garantía de las personas que resulten señaladas por estos hechos, ni sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia, a un juicio justo o a la asistencia letrada.
Asegura el Gobierno que, antes de interponer el recurso, intentó sin éxito un acuerdo el seno de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra. Y manifiesta que, de acuerdo con el artículo 21 de la ley del Gobierno, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, próximo a vencer su plazo, entra dentro del despacho ordinario de asuntos del Gobierno en funciones.
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