La infanta Cristina continuará en el banquillo por el caso Nóos

La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado mediante un auto que la infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos.

El Tribunal ha rechazado de este modo aplicar la doctrina Botín sobre la hermana del rey Felipe VI. La Casa Real de España ha mostrado hoy su "absoluto respeto a la independencia del poder judicial".

Así, la Audiencia ha decidido legitimar a Manos Limpias para ejercer la acusación popular en su contra como cooperadora en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.

En un auto dictado hoy, el tribunal provincial ha desestimado la cuestión previa planteada por la defensa de la infanta sobre la no legitimidad de Manos Limpias para acusarla en solitario en la primera jornada del juicio por corrupción, que empezó el pasado 11 de enero en la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma.

El tribunal ha desestimado la pretensión de la defensa de la infanta, que había solicitado que anulara parcialmente el auto de apertura de juicio oral y archivara el caso en lo que se refiere a la responsabilidad penal de doña Cristina, una tesis que también apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de Hacienda.

Roca lamenta la 'pena de banquillo'

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, ha lamentado la "pena de banquillo" a su defendida por el caso Nóos, porque la reciente resolución de la Audiencia se aparta de la literalidad de la ley y de la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, en alusión a la doctrina Botín, para recoger las tesis de la acusación de Manos Limpias.

Lo ha declarado a la prensa a las puertas de su despacho, donde ha explicado que, según esta resolución, la esposa de Iñaki Urdangarin deberá sentarse en el banquillo el 9 de febrero. Deberá hacerlo porque ya no puede presentar más recursos hasta la sentencia.

Pero su defensa sí va a presentar antes una protesta -que debe ser previa al posible recurso - por la resolución de este viernes, que Roca ha respetado como decisión judicial.

Ha asegurado que seguirán defendiendo a la infanta, y ha añadido: "Lo que tenga que decir la infanta es muy sencillo. Ya lo verán". "Nos costará poco porque es muy fácil", y ha añadido que la Infanta deberá responder en el juicio preguntas muy distintas a las que contestó en la fase previa de instrucción: eran acusaciones distintas, que ahora se limitan a la cooperación necesaria en delito fiscal.

También ha lamentado "una vez más" enterarse de este auto por la prensa.

La defensa de la infanta pidió a la Audiencia que rechazara la legitimación de Manos Limpias para acusarla en el juicio de Nóos, basándose en la doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y la jurisprudencia sentada por 7 decisiones de audiencias provinciales.

Aseguró que la acción popular no puede sostener la acusación en solitario, como ha fijado el Tribunal Supremo (en 2007 con la llamada doctrina Botín), ha confirmado el Constitucional y, posteriormente, han aplicado hasta en siete decisiones distintas audiencias provinciales desde 2009.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, para quien no hay argumentos inculpatorios contra la infanta, también pidió al tribunal la aplicación de la doctrina Botín por falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar en solitario a doña Cristina y suplir al perjudicado que es Hacienda.

"Hacienda somos todos"

Para la abogada del Estado Dolores Ripoll tampoco cabe la acusación popular en delitos fiscales, porque el perjudicado es sólo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos, puesto que el lema "Hacienda somos todos" es meramente publicitario.

Una vez resueltas las cuestiones previas, el juicio del caso Nóos continuará el 9 de febrero, cuando se retomará la vista oral con la declaración de los acusados que seguirán en el banquillo, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis Pepote Ballester.

Las declaraciones de los testigos, alrededor de 370, están previstas entre el 8 de marzo y el 17 de mayo, según el organigrama inicial planteado por el tribunal.